Por: Yesid Reyes Alvarado

Ley de sometimiento y disidencias de las Farc

Hace varios años se comenzó a hablar de la posibilidad de que los integrantes de las bandas criminales, de manera colectiva, abandonaran las actividades delictivas y se sometieran a la justicia. Si bien la ley procesal ya contemplaba importantes reducciones de pena para quienes se entregaran a las autoridades y aceptaran su responsabilidad, se trataba de normas concebidas para casos individuales; si se recibieran de manera simultánea cientos o miles de solicitudes de sometimiento, debería abrirse un incidente individual por cada una de ellas, lo que convertiría el proceso en algo muy complejo y dilatado en el tiempo. Por eso se pensó en expedir una ley que permitiera al aparato judicial tramitar de manera conjunta peticiones plurales de entrega, haciendo mucho más eficiente y ágil el desmantelamiento de esos grupos.

La ley que se acaba de aprobar no se limitó a modificar esos aspectos operativos; no solo se aprovechó el proyecto para conceder algún beneficio adicional como el cumplimiento de la pena en colonias agrícolas (que no está previsto para los casos ordinarios de sometimiento), sino que además se tomó la decisión de modificar otros puntos como el de la duración de la detención preventiva (otra muestra de los bandazos de nuestra política criminal), se crearon nuevas presunciones de peligrosidad social que permitirán la detención preventiva en más hipótesis (la vieja y equivocada tesis del peligro derivado de hechos pasados como fundamento de las medidas de aseguramiento), se consagró la posibilidad de suspender las diligencias de legalización de capturas (aún superando el límite constitucional de las 36 horas), y se incluyó la presunción de veracidad de las afirmaciones y pruebas entregadas por los sometidos sobre sus actividades criminales (en detrimento de la obligación estatal de investigar sus delitos).

Es curioso que, pese a afirmarse (con toda razón) que esta ley no implica una negociación política sobre formas de responsabilidad como la adelantada con la guerrilla, y aunque se sostenga (con menos razón) que no consagra beneficios adicionales a los ya previstos en la ley, el fiscal general afirme que no puede ser aplicada a las disidencias de las Farc porque ellas ya tuvieron su oportunidad de someterse a la ley. Son dos temas diversos: una cosa es el plazo que tuvieron para acogerse al Acuerdo de Paz, que ya expiró, y otra muy distinta la posibilidad de abandonar sus actividades criminales y aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja punitiva, opción que está vigente en nuestra legislación procesal penal desde hace años para cualquier persona al margen de la ley.

Por lo tanto, si cientos o miles de disidentes pidieran acogerse a la nueva ley y el fiscal se los impidiera, lo único que ocurriría es que ellos podrían presentar solicitudes individuales de aceptación de responsabilidad a cambio de rebajas de penas, que deberían tramitarse conforme a las normas vigentes, es decir, una por una. No parece claro qué ganaría la administración de justicia con semejante interpretación; quizás podría mejorar las estadísticas pero, desde luego, no sería un ejemplo de eficiencia.

 

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