Por: Hernán González Rodríguez

Ley de Víctimas

El jefe único del Partido Liberal, señor Rafael Pardo, dijo en Cali que el proyecto de la Ley de Víctimas que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes y que ahora pasa a la consideración del Senado, de ser aprobado, cambiará el curso del conflicto en Colombia, porque primero se hablará con las víctimas y no con los victimarios para lograr la paz en el país, motivo por el cual el proyecto romperá el círculo vicioso de la violencia en Colombia.

Afirmó él concretamente: "Esta ley les cambiará la vida a muchos colombianos. Por primera vez se está poniendo en primer lugar a las víctimas y no a los victimarios. El Estado está reconociendo que tiene que liderar la reconciliación con quienes han sufrido la guerra".

"El proyecto de ley -continúa Pardo- permitirá hacer reconciliación con las víctimas dándoles el reconocimiento y la posibilidad de tener una vida nueva, de recuperar las tierras que han perdido, de tener la posibilidad de justicia y de memoria". Ingenuidades mayúsculas.

Perfecto, asumamos que el Gobierno sí repara las 800.000 familias estimadas inicialmente como víctimas de la violencia de acuerdo con las esperanzas del señor Pardo. ¿Creerá él que una violencia alimentada por los dineros del narcotráfico se va a terminar en Colombia gracias a la reparación de las víctimas de tal violencia? La relación de causalidad no parece radicar en las víctimas como causantes de la violencia, sino en el negocio de la cocaína como causante de ella.

¿Cree acaso el señor Pardo que ya no existen los campamentos guerrilleros de las Farc en Venezuela, como afirmó el presidente Santos? Reconocer que no existen hoy, ¿no equivale acaso a reconocer que sí existieron en el pasado? ¿Quién continúa secuestrando y extorsionando a ambos lados de nuestra frontera?

¿Espera Pardo que los guerrilleros protegidos por Chávez estén felices celebrando nuestra ley de reparación de víctimas y de recuperación de las tierras hoy en manos de ellos? Y que, en consecuencia, van a aceptar pacíficamente que los despojen de ellas. No pretendamos aplicar estas leyes sin reducir las Farc previamente o en paralelo a proporciones insignificantes. 

No nos oponemos a que en la medida de las circunstancias se reparen las víctimas y se retornen las tierras a sus dueños. Pero las circunstancias actuales no son las más propicias para prometer lo imposible, a saber: reparaciones de víctimas sin límites numéricos de afectados ni cuantificación monetaria clara; más de dos millones de damnificados por el invierno que perviven a la orilla de los caminos y en escuelas; asistencia en salud inmediata para todos y sin justificaciones racionales; costosísimas jubilaciones para colombianos todavía con más de 20 años de esperanza de vida; una tasa de cambio que no favorece ni la industrialización, ni el empleo doméstico; infraestructura vial vetusta semidestruida; y, finalmente, ríos sedimentados, desbordados y sin soluciones económicas posibles.

No sobra advertir que por no conocer el costo monetario de las leyes aludidas se puede perjudicar a muchos colombianos por proteger a unos pocos y que un lamentable fracaso del gobierno del presidente Santos la abriría las puertas a los amigos de Chávez. Ojalá no marchemos raudos de la mano del Ejecutivo y del Legislativo hacia una crisis financiera sin antecedentes.

 

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