Por: Darío Martínez

Ley de Víctimas y conflicto

La ley aprobada por el Congreso a favor de las víctimas, al reconocer la existencia de un conflicto armado interno, no hizo otra cosa que ratificar una vez más los convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II de 1977, que consagraron un derecho de supervivencia por violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Lo hizo al definir a las víctimas como aquellas personas que hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia de violaciones del DIH. Estos mandatos mínimos de humanidad están incorporados en nuestro Derecho Interno por línea constitucional y por ley expedida por el Congreso. Al referirlos, la Ley de Víctimas, ligando el concepto de víctima al DIH, tácitamente acepta el escenario bélico en Colombia. Sobraba hacerlo expresamente, creando una polémica inútil.

El DIH obliga y ampara a los civiles y a todos los actores enfrentados. Por eso no se entiende desde el ámbito del DIH la exclusión que esta ley hace como víctimas del conflicto a los miembros de los grupos armados al margen de la ley, cuando no sean tratados con humanidad. Es posible que se infrinjan con esa excepción los Convenios de Ginebra y la norma constitucional.

Introducir en la Ley de Víctimas la declaración de una confrontación armada no quita ni pone nada. Es inocuo desde el punto de vista jurídico y político. Con anterioridad, dos leyes lo habían hecho, sin que por ello las violaciones al DIH hubieren cesado o desaparecido la calificación de terroristas a los grupos armados ilegales.

La violación al DIH y a las normas internacionales de los Derechos Humanos es una permanente actitud de los alzados en armas y, en algunos casos, de agentes del Estado, con o sin reconocimiento de un conflicto armado. Los caminos de la reconciliación y la paz no se abren porque una ley incorpore esta afirmación.

El requisito esencial para materializar algún día la paz en Colombia depende de la voluntad política de los actores en pugna y especialmente cuando el Jefe de Estado quiera dar ese paso, utilizando la negociación política, ante la evidencia del fracaso del uso de la fuerza institucional. No creo estar condenados a una guerra sin fin.

Bienvenida la Ley de Víctimas para quienes padecen los rigores de la larga noche de sangre, con o sin conflicto armado. La violencia, como recurso de las causas perdidas, está allí como hecho monstruoso y dramático que supera las definiciones legales, las ideologías y los caprichos de los hombres, con un Estado a veces impotente.

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