Por: Andreas Forer

Ley de victimas y sus Decretos o por favor, evitar cargas burocráticas innecesarias

La euforia disminuye. La cotidianeidad le ha alcanzado. Seguramente, incontables funcionarios de ministerios y otras instituciones del gobierno están ocupados escribiendo los decretos que reglamentarán la Ley de Victimas.

Por eso quiero volver de nuevo al tema de las leyes y su necesidad. Casi todos los días encontramos ese tema en la prensa nacional: otra vez una nueva ley. Otra vez una nueva reforma. No me cabe duda que el Legislador está convencido de la necesidad de las leyes que aprueba y aspira, de buena fe, a que con ellas pueda causar reformas y mejorar ciertas situaciones. En el caso de la Ley de Víctimas eso se puede asegurar.

Pero, ¿el legislador puede prever los efectos concretos que la reglamentación de la ley va a tener?, ¿de la burocracia se crea? y ¿si con esa burocracia no se contrarían las metas del legislador?.Quizás no. Aunque la burocracia es algo positivo, porque un Estado sólo obra con una burocracia que funciona y actuaciones rápidas de la administración ayudan a los ciudadanos a conseguir sus derechos. Sin embargo en el contexto nacional, este término tiene una connotación negativa, porque muchas veces se percibe que las actuaciones del Estado son lentas, complicadas, muy formales y que no conducen hacia los fines pretendidos, es decir, son concebidas como actuaciones “burocráticas”.

¿Es realmente necesario expedir numerosos decretos? Eso se tiene que analizar en cada caso concreto. ¿Qué pasaría, si no se expidieran decretos? Y en punto de la participación de las víctimas en la elaboración de los mismos: ¿participan de manera suficiente?. Tomando en cuenta que la Ley de víctimas da un término de seis meses al gobierno para su reglamentación, es muy dudoso que en un tiempo tan corto se garantice la participación de los destinatarios en el proceso de reglamentación.

Por otro lado ¿se llegará a una reglamentación clara, suficiente y completa? O, en otras palabras ¿se ha aprendido del pasado?, por ejemplo ¿de la Ley de Justicia y Paz? Porque para esa Ley se han necesitado 15 decretos y se ha construido una burocracia ineficiente, que se entrecruza en sus competencias y que no ha llegado a una de sus metas: a garantizar los derechos de las víctimas. Por el contrario, ha exagerado en la creación de nuevos puestos, o , como ya se dijo, de una nueva burocracia.

La prometida simplificación de los procesos, como en el marco del decreto 1290 de 2008, en efecto, está en el papel, pero no ha tenido el desarrollo más exitoso en la práctica. Lo mismo puede ocurrir en el marco de la ley 1424 de 2010, que tiene como meta la confesión de desmovilizados de base a cambio de beneficios sobre la libertad (como el otorgamiento de la libertad condicional). A propósito, sobre esta ley hasta ahora hay dos decretos, pero, seguramente, vendrán mucho más, pero no es evidente si se va a lograr el objetivo propuesto por esa ley y si eso va a suceder a través de un proceso comprensible y no pletórico de reglamentaciones.

Queda por esperar, que la reglamentación de la Ley de Víctimas tenga en cuenta sus finalidades y atienda las consecuencias de su implementación de manera atenta, para asegurar que las metas se cumplan, ojala prescindiendo de la burocracia.

En Twitter: @andreasforer

 

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