Por: Tatiana Acevedo Guerrero

#LiberenAlBruno

Era enero de 1971 y la Asociación de Usuarios Campesinos de Maicao se organizaba, en el contexto de la reforma agraria del gobierno de Lleras Restrepo. “Como ANUC de Maicao esperamos ansiosamente que su arribo a estas comarcas sea de mucho beneficio”, escribieron en carta al ministro de Gobierno, “especialmente para los campesinos, donde estamos ubicados más de 2.000 labriegos en nueve veredas que conforman el territorio de Maicao. Esperamos pues que su señoría sea el vocero de nuestras necesidades (…) nos redima del aislamiento dramático en que estas comarcas fecundas en agricultura se pierden por la falta de vías para la penetración, hace mucho tiempo hemos clamado por la construcción de una vía carreteable sin que nos haya oído”. En comunicaciones similares las asociaciones campesinas de la región pidieron también al ministro hacer respetar la ley de reforma agraria y denunciaron los bloqueos de los que eran objeto por cuenta de las élites locales que, con el apoyo de las autoridades, “han impedido la realización de Asambleas de Usuarios, Juntas Comunales y de Integración Popular”.

El asedio y la reacción a la reforma agraria en los departamentos del norte del país no provinieron, sin embargo, exclusivamente de las familias terratenientes que, además, detentaban el poder electoral regional. La oposición a cualquier tipo de redistribución agraria o democratización en el uso de los recursos, e incluso el desinterés en el desarrollo industrial o vial, se consolidó con el apoyo del Estado bogotano. Pese a poner en marcha leyes y regulaciones como las de reforma agraria que, en cierta medida, implicaban la apertura del sistema político, sucesivos gobiernos nacionales acabaron por apoyar a las élites locales. Estas lealtades dejaron un legado de precariedad y de concentración del bienestar, el agua y la tierra en unas pocas manos.

Casos como el de la ANUC de Maicao, que pidió al Estado nacional hacer respetar la ley que agentes del mismo Estado estaban intentando quebrantar, se repiten hoy con ocasión del desvío del arroyo Bruno. En 2017, la Corte Constitucional resolvió la petición de varias comunidades de suspender la desviación del arroyo, iniciada por Carbones Cerrejón para ampliar la extracción de carbón. El desvío del Bruno, afluente importante del Ranchería (un río fundamental para esta región), se inició con el taponamiento hidráulico del cauce natural y la construcción de un cauce artificial. En amparo de “los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce”, la Corte declaró necesaria la discusión en una mesa interinstitucional y participativa para decidir la viabilidad del proyecto.

Pese al entusiasmo inicial, la empresa ha continuado con sus planes. “Hasta el día de hoy se nos ha desconocido (a comunidades afectadas, organizaciones intervinientes y expertos independientes) reiteradamente en diferentes ocasiones nuestro derecho a la participación”, explicaron las colectividades indígenas de La Gran Parada, Paradero y La Horqueta, que cuentan con el apoyo de organizaciones sociales y políticos de oposición. Hoy, como antes, el Gobierno toma partido por pequeños grupos de accionistas e intereses que rodean al Cerrejón. Los delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible argumentaron que, bajo su interpretación, la Corte no ordena que deba tenerse en cuenta a las comunidades en las decisiones de fondo. Entre tanto, una delegación caminó esta semana por la zona intervenida que comprende el cauce natural y el artificial. “Completamente seco se encuentra el día de hoy el arroyo Bruno. La empresa taponó el cauce natural para desviar las aguas en 3,6 kilómetros al nuevo canal artificial. Lo alarmante es que no hay agua en ninguno de los dos cauces”, informaron.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Tatiana Acevedo Guerrero

El 3 de agosto en Mercaderes

Reparcheo por Colombia

Naturaleza muerta

Cúcuta 2003

“Déjà vu”