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El pasado 11 de febrero inició, de pésima manera, el llamado Diálogo Territorial, condición previa a la implementación de los proyectos piloto de investigación integral (PPII), que tienen por objeto contribuir de manera participativa a generar información para evaluar si es o no conveniente y viable para Colombia extraer petróleo usando la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking).
Comenzó de pésima forma porque la instalación de la primera mesa de diálogo se vio rodeada de actos de violencia e intimidación contra ciudadanos que pertenecen a organizaciones sociales locales que se oponen al uso del fracking en Puerto Wilches. Los días anteriores, varias personas fueron intimidadas por manifestar y argumentar su oposición al uso de esta técnica.
Así es imposible dialogar. Quienes adelantan estos actos violentos están forzando, de manera torpe, a que se detengan las actividades asociadas a los PPII. Incluso, pueden llevar a que se suspenda de manera definitiva la posibilidad de hacer fracking en Colombia, aun antes de la ejecución de los PPII.
Después de verificar la ocurrencia de las intimidaciones, el Foro Nacional Ambiental (FNA) y algunos de quienes fuimos miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) para evaluación del fracking, y que pertenecemos a organizaciones miembros del FNA, elaboramos un comunicado dirigido al señor presidente y a los diversos órganos del Estado para que investiguen, esclarezcan e impidan que estas amenazas se lleven a cabo o se repitan con otros miembros de organizaciones sociales y de la ciudadanía en general.
El comunicado señala cómo las recientes intimidaciones son contrarias al espíritu de lo propuesto por la Comisión. En efecto, la CII propuso transparencia, diálogo y activa participación ciudadana en el proceso previo, durante la ejecución de los PPII y en su posterior evaluación integral. El Gobierno nacional se comprometió a poner en práctica la recomendación, pero este tipo de acciones dificultan, si no impiden, la gestión de la “licencia social”.
La violencia, directa o simbólica, afecta la confianza y la relación entre Gobierno, empresas y comunidades, y si estos actos persisten, no se valida la ejecución de los PPII, caso en el cual sería necesario suspenderlos para evitar mayores costos sociales. El Estado debe garantizar condiciones para una participación abierta y segura de todos los grupos de interés y esto requiere, como condiciones iniciales, coordinación interinstitucional y concurrencia de competencias. En el comunicado se solicita la intervención inmediata del Gobierno nacional en contra de todas las amenazas, asesinatos, intimidaciones y manifestaciones de violencia a los líderes en Colombia.
Los actos violentos ocurridos en Puerto Wilches son inaceptables y van en contravía de la puesta en marcha de la recomendación de la CII, cuyo espíritu conozco plenamente porque participé en su elaboración. El FNA y quienes suscribimos la comunicación seguiremos atentos a la implementación de lo recomendado por la CII. Para generar confianza y legitimidad, pasos iniciales para gestionar la licencia social, es necesario que el Estado en general y los gobiernos nacional, regional y local demuestren que tienen capacidad para, una vez definidas unas claras reglas del juego, garantizar a los diversos grupos de interés que pueden participar y exponer sus ideas con seguridad y confianza. Esas condiciones mínimas no están hoy en el territorio.
