Listados y recuerdos

Tatiana Acevedo Guerrero
03 de junio de 2018 - 04:15 a. m.

Esta semana se publicaron fotografías que prueban cierta manipulación de materiales electorales en la primera vuelta presidencial. La alteración favorecería al candidato del uribismo. Al mismo tiempo, familiares de jóvenes de Soacha asesinados extrajudicialmente durante el gobierno de la Seguridad Democrática hicieron llamados para evitar el retorno de este grupo al poder. Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, quien fue asesinado por militares en Ocaña, se dirigió a la Alianza Verde: “Me propongo para hablar con sus voluntarios y explicarles lo que significa para nosotras el regreso de Uribe. Por favor”. Ambas preocupaciones están relacionadas. Fraude y participación de agencias estatales en proyectos de exterminio de hombres jóvenes (en iniciativas de “limpieza social”) se dieron al tiempo y tuvieron protagonistas en común.

Fue en 2004 que se hicieron públicas las denuncias sobre vínculos entre la criminalidad y el Departamento Administrativo de Seguridad. El entonces segundo al mando del departamento, José Miguel Narváez, dijo ante la Fiscalía que, bajo la dirección de Jorge Noguera, el DAS se había puesto al servicio de paramilitares. De acuerdo con Narváez, el director de inteligencia (Enrique Ariza, nombrado por Noguera) estaba montando “una sala de interceptaciones telefónicas dentro de la institución para ponerla al servicio de Carlos Mario Jiménez, comandante del bloque Central Bolívar”. Narváez fue declarado insubsistente por el presidente Uribe, y Noguera, que presentó su renuncia en octubre de 2004, fue nombrado cónsul en Milán.

Dos años después se descubrió que Rafael García, jefe de informática del DAS, había borrado del sistema las órdenes de captura, con fines de extradición, de cuatro narcotraficantes. García confesó durante su indagatoria. Uribe salió en la defensa del exdirector del DAS por el canal RCN: contó cómo conoció a Noguera y lo describió como “un profesional con futuro”. Lo que no contó fue que, en su primera campaña presidencial, Noguera, en calidad de director de la campaña en el Magdalena, trabajó con el bloque Norte.

Para 2001 los grupos paramilitares hacían parte de la administración pública de Magdalena. El bloque Norte, a través de un movimiento que actuaba en la legalidad con el nombre de Provincia Unida, coordinó el fraude en las elecciones para Congreso de 2002. García narró, por ejemplo, que el candidato José Gamarra les había pedido a él y a Enrique Osorio, de la Registraduría, que “estudiaran la posibilidad de garantizar la votación sin que la gente fuera a sufragar”. Compraron a funcionarios de la Registraduría en Bogotá los censos electorales de Cesar, Magdalena, La Guajira y Bolívar que mostraban los inscritos por mesa. “Nos los enviaron por correo. Yo acompañé a Osorio a la oficina de Deprisa para reclamar los cuatro CD”, precisó. Los listados se repartieron entre jurados (designados por paramilitares y candidatos) y estos marcaron los tarjetones con el nombre del candidato y firmaron por los votantes que no habían acudido. Como los candidatos implicados apoyaban a Uribe, la técnica fue repetida en las elecciones presidenciales.

En las mismas oficinas del DAS en Magdalena y Bolívar había otros listados. Listados de sindicalistas, líderes barriales, “jóvenes sospechosos” y estudiantes universitarios, los cuales eran entregados al bloque Norte para que atentaran contra ellos. En el fallo contra Rafael García se puede leer al respecto: “Yo fui testigo cuando Jorge Noguera le pidió aprobación a las Auc para el nombramiento de Rómulo Betancourt como director del DAS en Bolívar y dicen que él era el encargado de esa labor de exterminio. Las listas se las hacían llegar a través de Álvaro Pupo, el cual es familiar de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del bloque Norte. Varias veces vi a Álvaro Pupo en el despacho de la dirección”.

 

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