Por: Columnista invitado

Las llamadas "batidas"

A propósito de las acciones de reclutamiento efectuadas en los últimos días por el Ejército en varios puntos de Bogotá, se reabre el debate frente a la legalidad o no de las llamadas “batidas”, a través de las cuales dicha institución se hace a jóvenes que no han resuelto su situación militar y los incorpora a la Fuerza Pública. Para el colombiano promedio, esta conducta hace parte de una experiencia conocida. Sin embargo, cabe anotar que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencia que tuvo como ponente al magistrado Humberto Sierra Porto, en la que se precisaron aspectos que considero útiles comentar.

En primer lugar, es claro que el servicio militar obligatorio se ajusta al ordenamiento constitucional y que se concibe como un desarrollo de los deberes ciudadanos, en beneficio del interés general, en tiempo de paz o de guerra. En segundo lugar, es obligación de los ciudadanos varones prestar el servicio militar y resolver su situación militar.

En tal virtud, la Fuerza Pública puede compeler a los renuentes, es decir, obligarlos por fuerza o autoridad una vez sean expedidas órdenes concretas por la autoridad de reclutamiento, individualizando plenamente al remiso.

También se precisó en el fallo (sentencia C-879 de 2011) que la libertad como principio, valor y derecho fundamental sólo puede ser objeto de limitaciones legales y por vía judicial, en circunstancias regladas, con lo cual no le es dado a ninguna autoridad conculcar las libertades en general, ni la libertad de locomoción en particular, en la medida que se trata de una garantía que es condición necesaria para el ejercicio de todas la demás libertades y derechos.

Finalmente, respecto del poder para compeler que tiene la Fuerza Pública, “no puede ser entendido (…) en el sentido que otorga competencias a las autoridades militares para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a lugares de concentración, pues esto implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 de la Constitución”.

Con esta afirmación, toman vigencia todas las advertencias hechas por las autoridades, las organizaciones sociales y los propios implicados en las redadas del Ejército, frente a que es imprescindible que se ajuste el protocolo a lo que ordena la ley, so riesgo de caer en la violación de la Constitución y en el desconocimiento de las garantías fundamentales, lo que a nadie beneficia y, por el contrario, hace daño a la institucionalidad nacional.


* Fernando Escobar, alcalde de la localidad de Kennedy

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