Por: Rodolfo Arango

Llamado a la sensatez

LAS DECLARACIONES DEL PRESIdente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rubén Salazar, dadas a Yamit Amat en su entrevista dominical en El Tiempo, no han recibido la atención que por su importancia merecen, debido quizás al mar de informaciones sobre el cumpleaños del BID.

Monseñor Salazar apuesta por el diálogo con la guerrilla y llama a un gran acuerdo para conseguir la paz. Sostiene que el conflicto en Colombia “no tiene solución por la vía armada”, no sólo por el tipo de conflicto sino por la presencia del narcotráfico. En juego están: la suerte de los secuestrados, la humanización del conflicto y la paz. Considera que nuestro país requiere reformas sociales de fondo y que la vía de las armas no es el camino para lograr una sociedad más justa. Advierte que la reelección del Presidente es antidemocrática y que no es claro ni limpio producir permanentes reformas a la Constitución para permitir que un Presidente continúe en el poder. Estima además que “la Constitución debe ser sagrada y no podemos jugar a modificarla de acuerdo a las conveniencias personales del gobernante”.

Las palabras del jerarca católico están llenas de sensatez. El principio de separación entre Iglesia y Estado no le impide expresar libre y razonadamente sus opiniones. Su pausada reflexión arroja luces sobre temas cruciales para el porvenir de la Nación: el equilibro adecuado entre guerra y paz, la problemática de la injusticia social y los principios fundamentales del modelo democrático colombiano.

 El representante del clero reconoce que la presión militar es necesaria, pero lo es también el mantenimiento del diálogo, el cual no debe confundirse con debilidad. El odio y el desprecio hacia las acciones de las guerrillas no deben impedir la deliberación y la búsqueda de una salida negociada al conflicto, por difícil que ello parezca. Obstinado e irracional sería continuar una guerra de exterminio del contendor cuando los factores objetivos (selva, narcotráfico, desigualdad material, corrupción oficial, etc.) son variables independientes de la capacidad militar del Estado.

La Iglesia católica, al igual que las organizaciones de base, campesinas, indígenas, asociaciones de derechos humanos y movimientos sociales, conoce bien el problema de la injusticia social en Colombia. El diálogo, la concertación y la participación activa en la búsqueda de alternativas políticas, sociales, económicas y culturales, deben primar sobre modelos preconcebidos que niegan la diversidad y quieren imponer una idea dogmática del desarrollo.

Monseñor Salazar entiende más de cultura democrática y de civilización que muchos políticos, profesionales y pretendidos voceros de la voluntad popular. Si algo ha aprendido la humanidad luego de las revoluciones de los siglos XVIII al XX es la necesidad de sujetar el poder público a la Constitución y a la ley. La nuestra no es una democracia popular sino una democracia constitucional. La modificación de las reglas constitucionales —garantía de la debida consideración de todos en la comunidad política— debe ser estricta, transparente y pública, sin desconocer los acuerdos fundamentales que caracterizan nuestro Estado social y democrático de derecho. Con ayuda de la sensatez eclesiástica, las virtudes republicanas pronto prevalecerán sobre la ambición personal, el contubernio mafioso, el oportunismo mediático y sobre la artimaña jurídica.

 

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