Lo grave y lo rutinario

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Tienen razón quienes se escandalizan con hechos como los de Odebrecht. Qué rapacidad sin límites, qué evento aterrador. Pero, a la vez, no hay que perder de vista un dato esencial: tales hechos son el resultado directo de la manera en que funciona el sistema político, y en que se articulan en Colombia el centro de toma de decisiones y las regiones.

Claro: en ese contexto, el estatus del Centro Democrático sigue siendo único. Dada la naturaleza de su proyecto –el personalismo autoritario— los ladrones y matones tuvieron durante las administraciones de Uribe un plus: la posibilidad de esconder de manera amenazante sus hechos. Por eso pudieron hacer más. Podría dar diez o más ejemplos tan escandalosos como Odebrecht y ocurridos entre 2002 y 2010, donde el desangre de las arcas del Estado fue de magnitud quizás similar. Uribe, un maestro en el arte de huir hacia adelante, ahora quiso presentarse como paladín de la anticorrupción, una intentona en la que combinará el desprestigio a sus contradictores y la presentación de sus amiguitos como próceres a quienes persiguen por sus ideas. Estos escándalos, sin embargo, son típicos de su modelo de gobierno, y se han cocinado en la salsa de círculos muy cerrados y muy protegidos del escrutinio público, que él, con instinto infalible, protegió y aupó.

Pero es igualmente obvio que en la política convencional, y también en la izquierda, las cosas no están en este terreno para celebrar. Y la razón, insisto, no hay que buscarla en grandes fallas de carácter, ni en propósitos protervos, sino en las prosaicas rutinas del día a día de nuestra política. En donde las gentes bien conectadas tienen accesos extraordinarios, que a menudo las ponen por encima de la ley y del simple sentido común. Los otros días tuve el asombro de ver en los noticieros a un flamante viceministro explicar cómo el extrañísimo préstamo otorgado por el Banco Agrario a Navelena, cuyas cláusulas protectoras fueron borradas por manos anónimas y generosas, probablemente no tiene nada de ilegal. ¿Asombro? De pronto no debiera sentirlo. Es algo para pensar en detalle. Porque en Colombia los derechos, comenzando por los de propiedad sobre la tierra, se tramitan rutinariamente a través de contactos e intercambios de favores: el amigo del amigo del amigo, que quizás, tal vez, en un futuro, podría retribuirme esta comisión o aquella coima. Algo perfectamente normalizado, que se superpone, y a menudo reemplaza, a la noción de legalidad. Aceitado, naturalmente, con sumas fabulosas que salen del bolsillo de los colombianos.

Ahora imagínese el lector que va a pedir un préstamo al susodicho banco. Esperará, primero, que le pregunten por su relación con la agricultura: pues se trata de una entidad agraria. Como usted no cumple con esa condición, ya perdió el año: no estamos en el alegre período de Andrés Felipe Arias, que financiaba los cultivos hidropónicos de las reinas de belleza. Pero digamos que usted es cultivador, o tiene una finca en Melgar, y logra clasificar como candidato. Después le pedirán toda suerte de garantías y de requisitos; tendrá que llenar tantos papeles que se comenzará a considerar un criminal ecológico. ¿Creería usted verosímilmente que le rebajen la firma de un papel, o que le levanten un requisito, o que le den más tiempo para pagar? ¿Recuerda cómo lo han tratado en los bancos? Con base en esa experiencia, sabrá que puede contestar tranquilamente que no. A menos de que tenga mucho para repartir. Y muchos contactos.

Y por eso entra en el turbión el personal político de tantos partidos: porque una parte esencial de su actividad es tramitar favores, colocar fichas, conectar gentes con votos y recursos, y establecer el intercambio milagroso de recursos por votos. Es así de simple. Y así de grave.

 

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