Por: Antieditorial

Lo más grave de Odebrecht

Por Wilson Alfonso Borja Díaz *

En las investigaciones del caso Odebrecht es importante lo que se está haciendo y que ojalá funcione la justicia, pero no es cierto que se ha llegado a los niveles altos. Será así sólo si el Consejo Nacional Electoral, cuestión que se pone en duda, concluye que en la campaña presidencial pasada hubo dineros de dicha empresa, por tanto el presidente Santos y su fórmula vicepresidencial fueron elegidos de forma espuria, independientemente de que se hubiesen enterado o no, explicación que no se puede aceptar, porque candidato que no es capaz de responder por su campaña y, ante todo, por los dineros mal habidos, independientemente de la forma usada, en este caso una supuesta encuesta o investigación electoral, ética y moralmente no puede ser apto para dirigir un país.

También los partidos que dieron aval deben responder por sus candidatos y el control de sus campañas. Es la única forma de que “no exista” el divorcio entre partidos y campañas, para así taparse todos con la cobija de la impunidad. En ese sentido, también el partido Centro Democrático, con su jefe, debe responder por los dineros que entraron a la campaña de su candidato.

Este delito es histórico en Colombia. Son muchos los presidentes elegidos en forma espuria y las investigaciones, al igual que la presente, quedaron sin la aplicación real de justicia, porque eran “personajes” intocables. Basta recordar los dineros de las drogas, en un caso marihuana y en otro la cocaína.

En el caso de Odebrecht no basta preguntar cómo se hizo un otrosí al contrato Ruta del Sol II para construir la Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, en el que participaron el presidente, el fiscal Martínez cuando era el superministro y todos los ministros que dieron en un Confis el sí definitivo, sino que debe revisarse la adjudicación del mismo sector II, duda que se ratifica con todo lo sucedido con el contrato para adecuar las condiciones de navegabilidad del río Magdalena, adjudicado a la misma empresa y a otros socios barranquilleros conocidos por sus viejas prácticas clientelistas.

Lo de los congresistas, con toda su gravedad, no es el fondo del problema. Esa es otra consecuencia de los famosos “cupos indicativos” incluidos desde el presupuesto del año 2001, precisamente por el actual presidente de la República cuando era ministro de Hacienda, con el nombre de “recursos de inversión social regional” y avalados por la sentencia 1168 de 2001 de la Corte Constitucional, bajo el subterfugio de que los congresistas pueden proponer obras para sus regiones, algo que debe hacerse en el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco lo es la denuncia de la exdirectora del ICBF, que debe ser investigada como cómplice al guardar silencio.

La conclusión es que lo más grave debe medirse por el efecto que el delito y la trampa tuvieron: la elección espuria de un presidente y la pretensión del partido Centro Democrático para hacerse a la Presidencia con igual proceder.

* Exrepresentante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia.

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