Lo multaron por gordo

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Pasó en Bogotá. Se sintió tan mal, que no quiere entrar en muchos detalles. Estaba en la calle durante la cuarentena y el policía lo multó porque era “población en riesgo” y no podía estar afuera. Una multa de casi un millón de pesos, un salario mínimo mensual. Ni siquiera es una persona obesa. Es gordo. Pero al policía le pareció que cabía dentro de la lista de “comorbilidades”, que incluyen obesidad, VIH, EPOC, diabetes, cáncer e hipertensión. ¿Cómo estará controlando la Policía a los diabéticos que rompen la cuarentena?

Como los mayores de 70 años, este grupo de personas está encerrada so pena de multa o incluso cárcel desde el 24 de marzo. “La violación o inobservancia de las medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo dará lugar a la sanciones penales y pecuniarias previstas”, dice la Resolución 464 de 2020 del Ministerio de Salud y cita el Código Penal, “el que viole medida sanitaria (...) para impedir la propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”. La de Barbosa con la alcaldesa.

Otra de Bogotá: Laura Porras, profesora de Derecho en una universidad. Está separada y estaba recogiendo a su hijo de la casa del papá. Eran los días del pico y género, y un policía la paró cuando iba en el carro con el niño. “Me hizo bajar del carro, muy agresivo, hasta me recordó que estaba armado. El niño lloraba en el carro, y yo le decía que mantuviera los dos metros”. Un millón de pesos. Los padres separados están exentos, dice el ICBF en su página. Vaya uno a saber dónde está el decreto. Y no es como si a ese policía una profesora de Derecho fuera lograr convencerlo de su mala aplicación de la ley. Ella impugnó por internet, en hasta seis meses le dan respuesta.

A otro lo multaron por ir dentro del carro sin tapabocas. Iba solo. Abrió un poquito la ventana para decirle al policía que más que de la multa, tenía miedo de firmar con su esfero, señor agente. “El caraemalparido quería plata”, contó exasperado. Buscó cómo impugnar la multa. Le preguntó a su concejal y la respuesta fue: “Hay que impugnar en la inspección de la localidad donde le pusieron la multa en los primeros tres días hábiles”. A él lo pararon en la avenida 30, a kilómetros de su casa. “El otro lío es que ahora porque las inspecciones están cerradas por la cuarentena”.

Lo más fácil es echarle toda la culpa a la policía. El agente es el operador de carne y hueso de la injusticia y el autoritarismo. Pero si nos ponen en sus manos, qué esperan que vaya a pasar. Sobre todo con leyes profusas, absurdas, grises y cambiantes. La mayor responsabilidad es de los dueños del esfero de decretos desbocados por los poderes de la emergencia, el presidente y los alcaldes. Sería injusto decir que no se ha exhibido algún buen juicio en el manejo de la pandemia. Aunque ya en este punto está siendo opacado por el ridículo legalista de prohibiciones y sanciones.

No es como si fueran buenos abogados. Antes de la patrasiada con la app de Bogotá, Claudia López se pasó un día diciendo que aunque decía “deberán estar acreditadas” y que la policía podía imponer las “sanciones correspondientes en caso de que no haya hecho el respectivo registro”, eso significaba que la inscripción para ir, entre otras, a hacer mercado era “opcional”. En Santa Marta el copy paste del derecho terminó en un decreto según el cual “los adultos mayores de 70 años, que por voluntad de sus padres van a realizar actividades físicas al aire libre, lo harán bajo su absoluta responsabilidad”. Absurdo, más allá del error obvio.

Al 28 de mayo en Colombia se habían impuesto 430.007 multas por violar la cuarentena. Cerca de $400.000 millones (lo que vale un giro de Ingreso Solidario a tres millones de hogares) está costándole a la gente este excéntrico punitivismo colombiano. Deberían declarar una amnistía. Sería un buen gesto de los gobiernos que se quejaban de la desconfianza en las instituciones, y cuando las encarnan son ellos los primeros en desconfiar de los ciudadanos.

@danielpacheco

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