Por: José Fernando Isaza

Lo políticamente correcto

EL SIGUIENTE ES UN EXPERIMENto mental. En un país que llamaremos X, el Congreso está debatiendo un proyecto de ley que modifica la carga impositiva de las grandes corporaciones.

Un lobbysta provisto de varias maletas con cheques y efectivo, se acerca a los miembros del legislativo y les entrega un cheque o un fajo de billetes; el monto depende de si el congresista pertenece a la comisión económica, si es ponente o simplemente votará la ley. Al entregarles la “donación” claramente les informa que recibirla no implica un compromiso para que en la redacción y votación de la ley ésta favorezca a la empresa que representa; y aclara que la donación no es para disfrute personal del legislador, sino para financiar sus futuras campañas políticas, o para pagar las deudas de su pasada participación electoral. Igualmente le manifiesta que para una mayor “transparencia” el cheque o el efectivo pueden ser dirigidos a la fundación que ellos escojan.

Por supuesto aún en el país X esta conducta no sólo sería vista como “políticamente incorrecta” sino que tendría sanción social o aun penal. Sin embargo, si la misma propuesta se hace a los candidatos a corporaciones públicas o a posiciones ejecutivas y se les hace la “donación” correspondiente antes de las elecciones, en este caso su actuación no sólo es “políticamente correcta” sino que el monto donado puede ser deducido del ingreso gravable y en esta forma reducir sus impuestos. No hay sanción social, y al contrario se le alaba por su contribución a mantener la democracia. No es fácil entender cuál es la diferencia tan tajante entre donar antes o hacerlo después de las elecciones.

La financiación de las campañas electorales por cuenta de las grandes empresas lejos de contribuir a la consolidación de la democracia, se convierte en una forma de inversión con altos rendimientos para lograr por parte de éstas la captura, para su beneficio, de los bienes públicos.

Hace pocos años era común la presencia en el Congreso de un lobbysta de una de las mayores empresas del país; lo hacía bien; no había reforma tributaria en la cual no interviniera para mejorar la posición de la compañía que representaba. Para lograr acceso a los legisladores financiaba generosamente sus campañas. Se decía que la empresa tenía “bancada propia”.

Estas reflexiones surgen al comprobar que quienes financiaron en gran escala la recolección de firmas para el referendo de la reelección, son empresas contratistas del Estado o gremios que se han beneficiado de las generosas políticas de promoción del etanol combustible. Aclaro que la financiación fue tercerizada a través de una fundación que le prestó a la encargada de la recolección de firmas.

Algunas de estas empresas constructoras forman parte de consorcios con grandes contratos estatales y, de al menos una de sus obras, la prensa ha informado de incumplimientos en los plazos de entrega. Por supuesto es de esperarse que las autoridades actúen en derecho, pero no faltará el malpensado que crea que la financiación al referendo, de gran interés para el actual gobierno, pueda influir, al menos en teoría, en las decisiones sancionatorias. Para la sociedad sería mejor que la financiación de las elecciones y toda su parafernalia corrieran por cuenta del presupuesto. Habría menos compromisos implícitos de los gobernantes con sus financistas, que a la vez son contratistas de la administración pública.

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

 

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