Lo político y lo jurídico en la paz

Las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la paz planteadas por el presidente Iván Duque, por razones de inconveniencia, son razones puramente políticas con apariencia de razones jurídicas que deben ser debatidas de nuevo en el Congreso de la República, el escenario político por excelencia de una democracia. Las discusiones jurídicas no proceden, pues la Corte Constitucional ya se pronunció sobre ellas y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Un proceso de paz como el que se suscribió con las Farc es un proceso de naturaleza política, de la discrecionalidad del gobierno nacional, pero su blindaje jurídico corresponde a todas las ramas del poder público: al gobierno presentando los proyectos de ley y de acto legislativo, al Congreso debatiendo y aprobando las leyes o las reformas constitucionales, y a la Corte Constitucional validando si todo esto se hizo ajustado a la Constitución.

Si hubiera un alto grado de consenso político y social sobre la paz con las Farc, el tema no tendría mayores problemas, y existiría plena armonía entre lo pactado en el sistema político y lo formalizado en el sistema jurídico y, además generaría los incentivos necesarios para que otros grupos armados ilegales consideraran entrar en negociaciones con el Estado y de esa manera lograr sacar la violencia de la gramática de la política, un tema que ha estado presente a lo largo de nuestra historia.

Pero no, sobre la paz, y especialmente sobre la forma de concebirla, sobre qué tanta justicia, verdad y reparación debe sacrificarse para lograrla no hay consenso, ni en la sociedad ni el sistema político, como se pudo establecer de manera dramática en el plebiscito de 2016, expresión de torpeza democrática – porque las democracias también se equivocan, sino miren a los ingleses con el Brexit y a los gringos con Trump (Levitsky & Ziblat, 2018) a la que nos llevó el presidente Santos por un mal cálculo político.

Esa división se extendió hasta la elección de Iván Duque, quien representa el sector político que se opone a la forma como el gobierno de Santos negoció la paz, y ese es el fondo de las objeciones presidenciales, una fractura social y política que la Corte Constitucional  - que se convirtió en una especie de árbitro de esta disputa- pudo resolver debido a que todavía conserva un alto grado de legitimidad en la sociedad.  La mayoría de reformas constitucionales que se derivaron del acuerdo con las Farc recibieron el visto bueno de la Corte, lo que lo blinda ante la pretensión de los sectores más radicales de la extrema derecha de hacerlo trizas.

No voy a entrar en los detalles técnicos de las objeciones, puntos todos resueltos por la Corte y que el gobierno pretende que sean revividas, a pesar de haber sido declaradas inconstitucionales, como bien lo ha explicado el exministro Yesid Reyes. El punto es cómo puede terminar este enredo y, si en cualquier sentido, esto nos resuelve esa división que hoy nos interpela como nación.

El Congreso de la república debe tramitar las objeciones, descartar las que ya tienen pronunciamiento de la Corte y aprobar las que consideren que no y ameritan un ajuste, las cuales deben volver a revisión de la Corte. También puede rechazarlas y el presidente deberá sancionar la ley con lo que se daría por resuelto este impase: Duque le habría dado gusto a su base electoral y el tema tendría una salida institucional. El problema es que la fractura persiste y se ahondará cuando el gobierno presente el proyecto de reforma constitucional para modificar toda la JEP, como lo anunció en su discurso Duque. Ahí volveremos al mismo debate que nos tiene divididos como sociedad desde que Santos decidió apostarle a la paz.

Queda solo una vía para este escenario de polarización: apoyo a las instituciones, especialmente a la Corte, oposición política firme y decidida, movilización ciudadana, alertas de la comunidad internacional para que Colombia como Estado honre sus compromisos para hacerle entender al gobierno y al sector político que representa, que hoy la agenda es otra, que es necesario darle la vuelta de página a la violencia como forma de tramitar los conflictos en una sociedad.

Duque tarde o temprano tendrá que entenderlo, aún contra su propio partido, si quiere dejar algún legado diferente de permitir que se extienda un debate innecesario sobre un conflicto armado, cerrado ya en la confrontación militar, pero abierto en lo político. Tendrá que elegir entre ser el presidente de la República o el vocero de Álvaro Uribe.

Levitsky Steven y Ziblatt Daniel. Cómo mueren las democracias, Ariel, 2018.

@cuervoji