Por: Cecilia Orozco Tascón

Lo que calla el ministro

Cómo será de inmoral la mal llamada reforma a la justicia que el ministro Esguerra, responsable directo de la misma, le contestó con un olímpico “paso”, al editor político de El Espectador, Hugo García, cuando éste le preguntó si lo que se estaba cocinando en ese proyecto era un “intercambio de favores” entre el gobierno, los parlamentarios y las cortes.

“Paso” es la ausencia de respuesta que puso de moda el expresidente Uribe para manifestarle su desprecio a cualquier periodista que lo cuestionara. Ahora volvemos a su estilo antidemocrático en labios, qué desconsuelo, de quien habíamos creído que era un jurista estricto. Con “paso”, Esguerra quiere significar que mejor calla lo que sabe que va a ocurrir.

Ante el alud de críticas que se le vino al esperpento que ordena arreglarles, a partir de la Carta Política, las bajas calificaciones de conducta a los parlamentarios y a los togados con el objeto de blindarlos de sanciones por sus desafueros, el presidente Santos reeditó su estrategia de unidad nacional y propició un conciliábulo con los interesados. Surtió el efecto deseado porque los convocados salieron agarraditos de la mano. El senador Benedetti resumió el resultado con claridad meridiana: “cada uno sacó su tajada”. Así fue: para los congresistas, doble instancia, incremento de tiempos procesales y engorrosas condiciones que harán casi imposible la resolución de las demandas disciplinarias, pérdida de investidura y denuncias penales que les pongan; para las cortes, antejuicio político, tal como lo leen, ¡político!, que impedirá que los magistrados venales sean juzgados por la Corte Suprema; aumento de su edad de retiro y del periodo de elección. Y para el gobierno, el control de la rama Judicial –el de la rama Legislativa ya está listo–, mediante el manejo de los dineros que conforman su presupuesto, amén del sometimiento agradecido del Capitolio y el Palacio de Justicia a sus designios.

La manguala fue evidente en las fotos: en el centro, el ministro entregando declaraciones –y callando–, y detrás, entremezclados como hermanitos, el parlamento y los altos tribunales. Entre tanto, y mientras se desarrollan los tres debates que faltan para que este concierto de intereses espurios sean un hecho, los congresistas y magistrados se acoyundan gustosos. Los que serían juzgados, entregándoles el regalo de sus vidas, a sus jueces. Y estos, dejándose comprar.

No es un secreto en los pasillos donde se decidirá la reforma, que los ponentes del acto se reúnen reservadamente con togados que pretenden perpetuarse en sus cargos. Y que producto de la componenda, circula una proposición en las dos cámaras con la firma de cerca de 15 congresistas que apoyan la iniciativa de prolongar el periodo de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 años, no para los futuros miembros de las cortes sino para los actuales ¿Esta es la propina mayor? ¿Estaríamos frente a un cohecho masivo? Preguntémosle al ministro, que pone cara de inocente cuando señala que “así funcionan las cosas”. Al senador Enríquez Maya o al senador García, tan activos ellos. A los magistrados de la Judicatura Claros y Lizcano. A los del Consejo de Estado como el mencionado Giraldo cuya carta de súplica para que le permitan quedarse en su puesto es una vergüenza nacional. O también a los de la Suprema, Ricaurte y Espinosa, que solicitan no reemplazarlos hasta cuando la reforma esté aprobada para poderse aprovechar de ella. Preguntemos si es verdad que la Casa de Nariño conoce que por lo menos 80 congresistas están listos a engrosar la lista de 15 o lo que toque con el fin de ser libres hagan lo que hagan, porque en el futuro todos podrán contestar “paso”. Nada les pasará.

 

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