Por: María Elvira Samper

Lo que deja el caso Matamoros

EL PRESIDENTE SANTOS NO TENÍA otra salida que llamar a calificar servicios al general Gustavo Matamoros, comandante del Estado Mayor Conjunto.

Fracasados los intentos del ministro Rivera para lograr una détente en la cúpula militar, era imposible sostener a un oficial de sus quilates que atravesaba palos en las ruedas, cuestionaba decisiones superiores y que había generado una división entre quienes lo sentían como una piedra en el zapato y quienes lo veían como el que se daba la pela por el Ejército. No importa si hay o no razones para sus reclamos, críticas y desacuerdos; lo cierto es que estaba entorpeciendo la marcha de una institución altamente jerarquizada, basada en el respeto y la obediencia a las órdenes superiores.

Salvado dos veces por el Santos-ministro, que intervino para impedir que el presidente Uribe lo alejara de las filas, esta vez el general fue demasiado lejos y el Santos-presidente no podía hacer nada distinto a pedir su baja. Pero su salida no necesariamente significa el final de las diferencias y del malestar del Ejército porque a la cabeza de las FF.MM. hay un almirante y no uno de los suyos, y tampoco cierra el capítulo que se abrió con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en octubre de 2008 y del cual Santos fue protagonista: la destitución de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales.

La decisión, tomada luego de una investigación interna promovida por el entonces ministro que destapó graves irregularidades en varios batallones y brigadas donde se repetía una misma conducta —presentar como guerrilleros abatidos en combate a jóvenes inocentes— fue mal recibida por buena parte del Ejército que la calificó de injusta porque no respetó el debido proceso y precipitada por el afán de calmar a la galería, y porque además forzó la renuncia de su comandante, general Mario Montoya, que se opuso a la medida.

Las destituciones, más el intento de impedir que el presidente Uribe nombrara en reemplazo de Montoya al general Óscar González, más una serie de medidas de control de las operaciones y de protocolos para detectar en forma temprana posibles conductas irregulares, le valieron a Santos la malquerencia y desconfianza de buena parte del Ejército que consideró, y considera, excesivos los controles, y que no acepta de buena gana el nuevo modus operandi: las operaciones conjuntas.

Mucho de ese malestar, también alimentado por lo que el estamento militar juzga como el desmantelamiento de la Justicia Penal Militar y la práctica desaparición del fuero, lo encarnaba Matamoros. Una sumatoria de factores que —dicen ellos— ha desmoralizado a la tropa, que prefiere evadir el combate por miedo a terminar en la cárcel, lo cual en alguna medida podría explicar el deterioro de los índices de seguridad.

Un panorama colmado de nubarrones y enrarecido aún más por la falta de liderazgo del ministro Rivera y la evidencia de que no todo marcha sobre ruedas entre los militares. Pero también un mensaje claro del presidente: “Aquí mando yo”. Un llamado de atención a los militares para que entiendan que él no es Uribe, que ha cambiado la cartilla y que es necesario recuperar la legitimidad perdida con las ejecuciones extrajudiciales y los abusos del fuero. El presidente, a su vez, debe interpretar el mensaje implícito en la “rebelión” de Matamoros, pues tendrá que lidiar con aquellos que desconfían de él y a quienes debe convencer de que en la guerra no todo vale.

 

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