Lo que el tiempo se llevó

CONSIDERABLES HAN SIDO LAS modificaciones al sistema de salud. Llama especialmente la atención el incremento de los trámites administrativos y del papeleo por los que pasan los pacientes.

Antes de 1993, el sistema de salud colombiano apenas aseguraba el 17% de la población y una de sus principales debilidades era que sólo cubría al trabajador, no a su familia. Para remediar estos problemas el Legislativo reglamentó la seguridad social mediante la Ley 100. Esta ley incrementó el aseguramiento en un 66%. La ley 100 se inscribe en un sistema de seguridad social cuyos seis principios son: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Basta con aproximarse en calidad de paciente, acompañante o simple observador a cualquiera de las grandes clínicas EPS, para darse cuenta del enmarañado administrativo en el que se mueve la enfermedad y la prestación de servicios de salud.

La “eficiencia” se traduce para los pacientes en que la consulta médica no pueda exceder los 20 minutos, en que los doctores no miren tanto a los pacientes como a las historias clínicas que deben diligenciar en la pantalla del computador, o que por un minuto de retraso las citas se cancelen con el agravante de una sanción económica. La “universalidad” que según la ley es la garantía de la protección para todas las personas sin discriminación en todas las etapas de la vida, se convierte en que, en efecto, sin importar la edad del paciente, éste debe esperar un número indeterminado de días para lograr concretar vía telefónica una consulta, a menos que disponga de $250.000, caso en el que se le atenderá de forma inmediata.

La “solidaridad” implica para esta ley el principio según el cual el fuerte ayuda al más débil. Dicha solidaridad se traduce en una orden médica o farmacéutica, un sello o una autorización de examen. Mientras que los acompañantes se ocupan de esa “otra” solidaridad, la de velar por sus familiares, desde una escalera o silla plástica. La “integridad”, que implica la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, es en este caso concreto la transcripción de órdenes de drogas, firmas para exámenes, filas para recoger medicamento y regreso al centro médico por agotamiento del fármaco. La “unidad”, que implica la articulación de instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones, se traduce en más papeles: transcripciones entre una y otra entidad, llamadas por desinformación de convenios interinstitucionales, y repetición de los mismos exámenes. El último principio de la ley, la “participación”, implica a la comunidad como veedora, caso en el que la relación entre la entidad y el paciente también se vuelve administrativa: papeles, cartas, llamadas, diligencia de formatos.

Para los pacientes y acompañantes, el vínculo que existe entre la enfermedad y la prestación del servicio de salud es administrativo. Los pacientes han dejado de conocer la enfermedad por otra vía distinta del diligenciamiento de formatos, la postura de sellos y las profundas brechas que deja en el imaginario una atención que aún se presta de forma diferenciada por la clase social. Los mismos términos clínicos se han transformado y el lenguaje modifica la realidad de la enfermedad e incluso de la muerte. En una clínica observé recientemente que la morgue ahora se llama “depósito de cadáveres”. Por su parte, los mismos prestadores del servicio también han aprendido a relacionarse con la enfermedad de manera fraccionada y administrativa. Los médicos y profesionales de la salud, por buenos que sean, también están impelidos a un sinnúmero de formatos y órdenes escritas.

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