Por: Cecilia Orozco Tascón

Lo que empieza mal…

AMPARADO EN SU GRAN PODER, EL Presidente decidió poner a consideración de la Corte Suprema una terna para fiscal general hecha de acuerdo con sus intereses y los de su gobierno, más que con los del Estado.

Tal vez por eso quedó en evidencia que el Mandatario no examinó las hojas de vida de los aspirantes pues —a juzgar por lo que han descubierto los periodistas— los postulados cumplen bien una única condición: la de ser admiradores o subalternos de su nominador. En consecuencia, no es raro que el desprestigio les haya caído tan rápido. Unas cuantas pesquisas mediáticas y la presentación ante la Corte fueron suficientes para destapar la escasez de conocimientos, méritos o autonomía de quienes manejarían el eje investigador de la justicia penal.

Nadie se refiere ya a Virginia Uribe, al parecer una buena asesora pero nada más. Ella nunca fue una opción ni siquiera para Álvaro Uribe, que ningún favor le hizo al exponerla a hacer el oso. Camilo Ospina, el más toreado de los candidatos, se descalificó solo, además de la vergonzosa campaña que ha desplegado con los magistrados de la Corte, por sus actos durante la administración a la que perteneció y a la que supuestamente vigilaría con mirada imparcial. Ospina no ha dicho una palabra sobre los cuestionamientos que se le han hecho, en especial respecto de su responsabilidad política por la directiva ministerial de pago de recompensas que firmó, y que coincidió con la multiplicación del número de ejecuciones extrajudiciales. Aunque este gravísimo asunto no le hubiera parecido al Presidente un motivo de fondo para excluirlo de la terna, gobiernos que apoyan económica y logísticamente a la Fiscalía han expresado en privado su preocupación por la posibilidad de que el funcionario que generó un problema de lesa humanidad allá, sea quien dirija la investigación acá.

¿Qué decir del Juan Ángel Palacio después de las revelaciones de Félix de Bedout? La denuncia en contra de Palacio, por parte de un ex colega suyo por haber intentado, según afirmó, sobornarlo para que fallara un proceso en un sentido determinado, debería ser razón de peso para renunciar. Mucho me temo, no obstante, que no querrá arriesgarse, no sea que enoje al Presidente. Por lo demás, Palacio debe creer que es de lo más natural resolver mediante influencias, los casos judiciales. En 2004, por ejemplo, este candidato interpuso, como ciudadano, una tutela contra el Seguro Social por asuntos de pensión. Él, jurista de raca mandaca, la presentó por casualidad ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde la tenían que decidir en última instancia varios de sus queridos amigos. Entre ellos, su paisano Rubén Darío Henao. En tiempo récord, la desafortunada Sala Disciplinaria de ese tribunal envió la tutela al Consejo Seccional de Cundinamarca para su primera resolución. El magistrado que la recibió en reparto, la devolvió. Argumentó que los competentes para estudiar el caso eran los jueces del Circuito y no el Consejo. A los seis días y con una eficiencia digna de potencia judicial, sus superiores le habían devuelto la tutela para que fallara —aunque para ese momento había sido asignada ya a un juzgado— y también le abrieron investigación disciplinaria por “no asumir (de inmediato) el conocimiento de la acción”. Lo que ha seguido es de historia kafkiana. Al magistrado del cuento le iniciaron más procesos disciplinarios en esa sala y lo sancionaron por otro caso, con un aire de persecución difícil de disimular. A Palacio le va mejor: todavía aspira a ser nuestro fiscal. Nada extraño, dado que está amparado por el gran poder.

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