Lo que está bien, dañarlo

También podría decirse de otra forma: lo que funciona bien, acabarlo. Es curiosa nuestra manera de hacer las cosas. Uno supondría que la política, y la acción política desde los gobiernos, consiste en arreglar lo que está mal, en enderezar lo que está torcido. Pero no, aquí pareciera que el propósito del gobernante fuera más bien dañar lo que está bien y desmontar lo que funciona. Un antiguo precepto médico dice: primum non nocere, o sea, “lo primero es no hacer daño”, y esto debería ser también imperativo para cualquier gobernante: ¿mi acción va a producir un bien o un mal? Si se corre un alto riesgo de hacer daño, lo mejor es abstenerse, parar: no hacer nada nocivo.

Lo anterior viene a cuento por una parte específica de la reforma tributaria: la que tiene que ver con la Ley 814 de 2003, o Ley del Cine, el FDC (Fondo de Desarrollo Cinematográfico), Proimágenes y, en general, con el renacimiento (o nacimiento) del cine colombiano. Conviene hacer un poco de historia y refrescar la memoria. Hace 30 años el más autorizado crítico de cine colombiano, Luis Alberto Álvarez, señalaba que en el país había talento para hacer cine, que había realizadores bien formados, pero que estos vivían “en la permanente frustración que produce la carencia de oportunidades de trabajo”. Focine (la institución que entonces pretendía fomentar la cinematografía nacional), según Álvarez, posaba de “empresa de iniciativa privada cuyo capital le permite intervenir, dirigir, poner condiciones, elegir temas, dictar”. En un escenario así, el cine colombiano no lograba despegar y casi ni existía.

Un cuarto de siglo después se puede decir que el cine colombiano, al fin, existe. No es tan solo una serie esporádica de milagros aislados, de genios raros como Víctor Gaviria que lograba terminar sus grandes películas con las uñas y casi pasando el sombrero para poder editar lo ya rodado. Después de esa “Ley del Cine”, impulsada por la entonces ministra de Cultura, Consuelo Araújo, los cineastas colombianos han encontrado los estímulos y el dinero para escribir sus guiones, hacer sus cortos y sus largometrajes, y además han podido aliarse con empresas locales y productores internacionales, atraídos por el talento local, por el paisaje exótico de Colombia y, sobre todo, por las exenciones fiscales. La reforma propuesta podría dar al traste con algo que venía funcionando bastante bien hasta la pandemia.

Dice el ministro de Cultura, y su argumentación parece lógica, que la situación del cine ha cambiado. Que las salas están cerradas o casi vacías, que la financiación por vía de taquilla es inviable y que estamos entrando en el dominio de las grandes plataformas virtuales tipo Netflix. Como si el cine tradicional, en salas, fuera a desaparecer, afirma que lo que la reforma persigue es que haya una financiación directa de la cinematografía nacional que ya no dependa de la venta de boletas, sino que esté asegurada en el Presupuesto General de la Nación. Lo extraño de esta solución es que se propone a partir del 2024, cuando se espera que la crisis generada por la pandemia haya pasado, y no ahora mismo, cuando la crisis de las salas de cine es urgente. Lo lógico sería que la ayuda presupuestal llegara ahora, para completar lo que ya no se consigue por taquilla, y que a partir del 2024 se verificara si el cine en formato tradicional, con espectadores en teatros, se ha recuperado o no.

Si se actúa por el bien de la cinematografía nacional, si la política propuesta es para favorecer a las actrices, los directores, los productores, los fotógrafos, los sonidistas, los extras, las locaciones locales, etc., entonces lo lógico sería un auxilio de emergencia ya, pero no un desmonte total de una ley que ha sido estupenda para el desarrollo del cine colombiano. No es necesario desmontar lo que solo ha fallado por circunstancias coyunturales e inesperadas (la pandemia), pero que podría retomar su rumbo una vez se supere la crisis sanitaria.