Por: Gustavo Gallón

Locomotoras del desplazamiento forzado

Hay poblaciones donde el número de personas desplazadas entre 1997 y 2010 es mayor que el de sus habitantes: en Ovejas, donde viven 21.000 personas, 23.000 han sido desplazadas en algún momento.

 

En El Carmen de Bolívar hay 68.000 habitantes y 68.000 han sido desplazados. Así lo pone en evidencia el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 elaborado por el PNUD, que se enfocó en tres regiones de desplazamiento: Montes de María (en Sucre y Bolívar), el Alto San Juan (en Chocó y Risaralda) y La Macarena-el Ariari (en Meta y Guaviare).

En el Alto San Juan, San José del Palmar cuenta con 5.068 habitantes, de los cuales 4.337 han sido desplazados. En La Macarena-Ariari, 26.107 personas han sido desplazadas de Vistahermosa, frente a una población de 21.194 residentes. El caso más dramático quizás se da en relación con la etnia guayabero o jiw: de 1.200 personas que la conforman, 909 (es decir, las tres cuartas partes de este pueblo) están en situación de desplazamiento.

Aunque los agentes de desplazamiento en estas regiones son similares (paramilitares, guerrillas, fuerza pública), su articulación con las estructuras políticas y económicas locales es diferente. En los Montes de María ha habido concentración de tierras desde siempre e intentos frustrados de reforma agraria desde los años 60. En el Alto San Juan han predominado las explotaciones madereras en detrimento de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes y de su ambiente. En La Macarena-Ariari se ha desarrollado durante más de 50 años un proceso que el PNUD llama de colonización desordenada.

Para superar el desplazamiento, el PNUD recogió propuestas de solución formuladas por organizaciones en cada región y, con fundamento en lecciones aprendidas de otros países y los desarrollos normativos internacionales sobre desplazamiento, las organizó en 18 recomendaciones dirigidas al Estado: reconocimiento de las economías campesinas y las de los grupos étnicos (que es lo contrario a su eliminación, promovida por el Estatuto de Desarrollo Rural del anterior gobierno, declarada inconstitucional), estabilización socioeconómica con criterio colectivo, derecho a la verdad (y a la justicia y reparación integral), consulta previa, apoyo especial a las mujeres desplazadas, construcción de redes de la sociedad civil, entre otras. Además, recomendó a la comunidad internacional brindar apoyo técnico y garantías de neutralidad en las decisiones de reparación y estabilización socioeconómica de la población desplazada.

Condición necesaria para su éxito, y esto no lo afirma el PNUD, es la modificación del modelo de desarrollo discriminatorio que se expresa en cada una de las regiones. Si se siguen permitiendo las compraventas abusivas de tierras por parte de cinco terratenientes en Montes de María, las explotaciones madereras y ahora mineras en el Alto San Juan, y la colonización indefinida en La Macarena-Ariari, el desplazamiento forzado continuará violentando nuestra historia. Lo propio puede decirse de otras 39 zonas identificadas como las mayormente expulsoras del país. Es necesario evitar que entre las locomotoras de desarrollo haya alguna locomotora de desplazamiento.

*Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

 

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