Por: Juan Carlos Gómez

Los 20 años de las comisiones

Hace 20 años se expidió la ley 142 de servicios públicos domiciliarios, la cual implicó un cambio trascendental en la forma de proveer los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible y telefonía fija pública básica conmutada.

A pesar de las deficiencias y carencias de estos servicios que aún padecen muchos lugares de Colombia, la situación hoy en día sería peor, de no haber sido por la aplicación de los instrumentos de esa ley. Gracias a ella nos salvamos de la inviabilidad financiera para la provisión de servicios públicos que sufren Argentina y Venezuela.

Esa ley creo instituyó principios como la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, libertad de competencia, libertad de empresa y obtención de economías de escala. De esta forma la inversión privada tuvo cabida en dichos servicios, lo cual permitió que las empresas públicas ineficientes tuvieran que enfrentar la competencia para mejorar la calidad de los servicios.

Una de las novedades más trascendentales fue el establecimientos de las comisiones de regulación especializadas, según la modalidad de los servicios: regulación de energía (CREG), acueducto (CRA) y comunicaciones (CRC). Este esquema, en el cual se encarga a un cuerpo técnico colegiado la problemática de la regulación, ha sido uno de los aciertos de los desarrollos legales de la Constitución Política de 1991.

Lo más relevante de los logros de estas comisiones fue la definición de criterios técnicos y económicos para la fijación de tarifas y metas de cubrimiento y calidad, reemplazando la primacía de criterios políticos y populistas que existían bajo el anterior esquema.

Una de las críticas más recurrentes a la ley de servicios públicos domiciliarios de 1994 es el de haber entronizado la estratificación —del 1 al 6—, para que los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas. Que es un sistema de castas, dicen algunos.

La verdad es que, como lo analiza, Arturo Wallace, de la BBC, la estratificación en Colombia —que bien podría ser simplemente un mecanismo para cobrar los servicios públicos— refleja que vivimos en una sociedad que es de las más inequitativas del planeta.

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