Los argumentos morales también cuentan

EL 19 DE JULIO DE 2006, CUANDO EL número de congresistas implicados en el escándalo de la parapolítica no llegaba a 20, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, dijo: “Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del Gobierno colombiano (…) Si alguien tiene credencial de congresista, a esa persona hay que respetarla (…) El apoyo de todos los congresistas es bienvenido” (El Tiempo, julio 9 de 2006). Y unos meses más tarde, en el Congreso de la Federación de Cafeteros, el presidente Álvaro Uribe afirmó: “…mientras estén en el Congreso, abiertamente les he pedido que nos voten la agenda legislativa. (…) Les voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que, mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. (…) Esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos (sic), apreciados cafeteros” (SNP, noviembre 29 de 2006).

Frases como éstas, que en su momento generaron algunas reacciones y comentarios tímidos, pronto fueron olvidadas. Quizás si en ese entonces hubiéramos tenido el valor de demandar una explicación y hubiéramos rechazado con vehemencia estas afirmaciones, pero sobre todo si hubiéramos exigido que esos congresistas no participaran en debates trascendentales para el país, posiblemente hoy no estaríamos ante la crisis que estamos viviendo.

Aducir que los congresistas podían votar mientras no estuvieran en la cárcel, aun si había sospechas e indicios sobre sus vínculos con la parapolítica; que las responsabilidades son personales y no políticas; que los argumentos morales son una trampita, son consideraciones no sólo débiles, sino profundamente cuestionables. Y es igualmente frágil la afirmación de que la mayoría de los congresistas que hoy están siendo investigados fueron elegidos antes de 2002 y que éstos provenían de partidos diferentes a los de la coalición de gobierno.

De los 62 congresistas involucrados en investigaciones relacionadas con la parapolítica, siete pertenecen al Partido Liberal y los demás (55) a partidos cercanos al uribismo. De éstos, 35, o sea el 63%, fueron elegidos en 2002 o en 2006, lo que desvirtúa la afirmación en el sentido de que venían de períodos anteriores. Además, debemos recordar que en marzo de 2006, antes de las elecciones parlamentarias, el uribismo contaba con 69 senadores y 110 representantes, es decir, con amplias mayorías, a pesar de que algunos de ellos habían sido elegidos con el aval de otras colectividades en 2002 y que en ese momento no apoyaron al entonces candidato presidencial (Sistema de Información de Congreso Visible).

En el contexto de las discusiones sobre el proyecto de reforma política que está siendo discutido en el Congreso de la República, y a raíz de los vertiginosos desarrollos de las investigaciones judiciales de la parapolítica, nuevamente se han escuchado propuestas cuyas implicaciones éticas son cuestionables. Por ejemplo, proponer una rotación de los miembros de la Comisión Primera Constitucional del Senado, con el fin de asegurar unas mayorías, es una estrategia moralmente reprochable. Aun si fuera legal, no es legítimo construir artificialmente unas mayorías cuando los temas que va a debatir esa célula legislativa tienen que ver precisamente con los castigos y las responsabilidades de los partidos por vínculos de sus miembros con actividades ilegales, y eventualmente con la reelección del Presidente de la República.

En esta ocasión los ciudadanos no pueden quedarse callados, ni permitir que se amañen las instituciones y las reglas de juego a los avatares de la coyuntura y a las necesidades de los gobernantes de turno. El país y sus instituciones merecen respeto.

*Directora de Congreso Visible, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.