Los bienes de las Farc

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En el texto del acuerdo suscrito en agosto de 2016 no había ningún compromiso de que las Farc entregaran sus bienes. Curiosamente fueron ellos quienes, después de esa fecha, lo plantearon; luego el tema fue recogido como una de las propuestas de los partidarios del No, y finalmente se incorporó al segundo acuerdo, como parte de las acciones que deberían emprenderse para fortalecer la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto.

Lo que se acordó fue que, durante el tiempo de permanencia en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, las Farc convendrían con el Gobierno los procedimientos y protocolos para inventariar lo que ellos llamaron “sus recursos para la guerra” y, por esa vía, destinarlos a la reparación material de las víctimas. Pero también se precisó que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”; esta previsión fue desarrollada en el Acto Legislativo 01 de 2017, al indicarse que sería la jurisdicción ordinaria la encargada de investigar y juzgar delitos cometidos sobre bienes o activos no incluidos en el aludido inventario, siempre que hubieran ocurrido con posterioridad a la entrega del listado.

En términos simples, esto significa que la Fiscalía solo puede adelantar investigaciones por lavado de activos si después de la dejación de armas se han realizado actos de disposición sobre bienes no incluidos en el inventario de las Farc. Sin embargo, la acción de extinción de dominio (que no es de naturaleza penal) sí puede y debe ser ejercida por la justicia ordinaria sobre bienes no reportados oportunamente.

¿Cuál es entonces el papel de la JEP en lo atinente a los bienes y activos de las Farc? La respuesta es ninguno. Para los que fueron incluidos en el inventario, está prevista la creación de un Fondo de Víctimas en el que nada tiene que ver esa jurisdicción; sobre los que no se declararon en su momento y fueron indebidamente utilizados después de finalizado el proceso de entrega de armas, la Fiscalía debe iniciar investigaciones; en cuanto a los que no fueron relacionados, pero tampoco han sido usados después de ese período, no proceden acciones penales, pero sí las de extinción de dominio por parte de la justicia ordinaria.

La JEP tampoco tiene nada que ver con el manejo de esos bienes en lo relativo a la reparación de las víctimas, porque en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición esa labor se le asignó a otro de los componentes del sistema, denominado “Medidas de reparación integral”; por eso en el Acto Legislativo 01 de 2017 quedó claro que “el Estado garantizará el derecho a la reparación de las víctimas” del conflicto armado, de tal manera que su satisfacción está asegurada con absoluta independencia de los resultados que arroje la JEP. Ese diseño tiene la ventaja de que los derechos de las víctimas no dependerán del aleatorio resultado de los procesos penales, ni de si sus casos son seleccionados como los más graves y representativos, ni de si sus victimarios son considerados como máximos responsables.

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