Los cerros de Bogotá

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 Los cerros orientales de Bogotá, el pulmón verde de la ciudad, han sido objeto de especial protección de las últimas administraciones distritales, sobre todo en aquellos sectores que lindan con urbanizaciones residenciales del norte. Por detrás de la loma, por el lado de La Calera, la cosa no es igual: La cuenca del río Teusacá se urbaniza a un ritmo frenético. Tampoco se ha tenido cuidado con el sur de los cerros, donde se ha dejado crecer la edificación sin control alguno. Hacia el norte, hacia Chía, la situación es peor: se edifican quintas y se construyen conjuntos cerrados en bosques naturales de los cerros, como si Bogotá no fuera a llegar nunca hasta allá. Más aún, la explotación de canteras —arena, gravilla y recebo— en Ciudad Bolívar y Suba no ha sido detenida. De todas maneras, proteger el pedazo que el Consejo de Estado blindó era impostergable. ¡En el Distrito hay 108 canteras, de las que 100 son ilegales y sólo ocho tienen papeles en regla!

En Tunjuelito, grandes pulpos del cemento y la construcción explotan 319 hectáreas, para lo cual tuvieron que desviar el curso del río. En 2002 hubo un desbordamiento que inundó 6.000 casas. En Ciudad Bolívar, donde se explota otra mina, los trabajos de estabilización le costaron al Distrito 7.700 millones de pesos.

Los cerros occidentales, que son también el marco de la ciudad, se los están comiendo sin que la CAR ni otra autoridad intervengan. Hay una montañita en el municipio de El Rosal, por ejemplo, que se la engulleron sin contemplación, sin compensación y quizá sin licencia. Soacha ha sido convertida en una mina a cielo abierto: el 15% de su extensión —182 kilómetros cuadrados— está legalmente ocupado por la gran minería. El porcentaje podría ser el doble si se suman las minas ilegales. El 70% de las explotaciones está en manos de siete empresas. Un alto empleado de la CAR confiesa que “hay grupos y sujetos armados que han amenazado a nuestros funcionarios para impedir que hagan inspecciones en las minas”.

En el municipio de Mosquera, al humedal de La Herrera, de 258 hectáreas, no sólo le botan las aguas negras del río Bogotá, sino que las canteras merman los cerros adyacentes varios metros para sacar gravilla y arena por grandes empresas (Asogás, Centrasa, Incoasfaltos, etc.). En el célebre cerro de El Tablazo, donde varios aviones se han estrellado, la herida abierta por su explotación aumenta día a día. En la vereda La Cuesta, municipio de Subachoque, las gravilleras abren cráteres de 20 y 30 metros de profundidad que llenan después con agua para lavar el material y botarla por la noche al río. En Tabio, la compañía Albania explota una mina de gravilla desde hace 20 años con una licencia para extraer 600.000 toneladas al año, pero, según cifras de la misma compañía, está sacando más de dos millones.

El argumento de las compañías mineras es que los daños hechos a los cerros se justifican porque Bogotá necesita 30 millones de toneladas al año para crecer y si se transportan de más lejos, el precio de la construcción se elevaría. Lo dramático es que la gran mayoría de canteras son ilegales, no mitigan ni compensan el daño que hacen y, por supuesto, no pagan impuestos. ¿Por qué la Policía Nacional, que está autorizada —Decreto 2235 de 2012— a destruir la maquinaria utilizada para la explotación ilegal de minas no lo hace en los cerros de la Sabana? ¿O es que esa medida sólo está pensada para las minas de oro del Pacífico? 

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