Los coletazos de Telecom

Los más jóvenes, quienes hablan por celular y son usuarios de Whatsapp y Skype, no saben que hasta comienzos de los años 90, una empresa pública llamada Telecom tenía el monopolio completo de la telefonía fija, local y de larga distancia en Colombia. Y no había nada más. La cobertura era mínima, la calidad pésima y las tarifas altísimas.

Como es usual con los monopolios públicos, el sindicato y la burocracia de Telecom se opusieron a la competencia. Pero el Gobierno de entonces impulsó la telefonía celular y los distintos servicios de internet. Así, poco a poco, se acabó la llamada “larga distancia” y perdió terreno la telefonía fija. Las tarifas cayeron (muchas llamadas y conexiones son hoy gratis), aumentó la variedad de los servicios y todos los días aparecen innovaciones de voz, datos e imagen.

Ante esta avalancha de cambios, que exige grandes inversiones, la mayoría de los gobiernos se retiró de las telecomunicaciones y se dedicó a lo suyo: los servicios sociales, las vías y la defensa de la ciudadanía. Por esta razón, en Colombia incluso la exitosísima EPM le abrió el camino a Tigo, de la mano de un socio extranjero.

Como Telecom no se vendió ni liquidó, su agonía fue lenta y costosa. El generoso pago de sus pensionados sigue pesando en las cuentas públicas. Desde 2003 sus negocios se concentraron en una entidad llamada Colombia Telecomunicaciones, CT. Como CT era inviable, en 2006 Telefónica Movistar Colombia (TMC) adquirió el 52 % de esa entidad y, más adelante, en 2012, TMC se fusionó con CT. Telefónica quedó con el 67,5 % y la Nación con el 32,5 % de la fusionada.

Es extraño e inusual que un gobierno haya decidido ser socio minoritario de uno de tantos competidores privados en las comunicaciones, especialmente porque este hecho riñe con sus obligaciones de regular imparcialmente a todos los operadores del mercado y buscar lo mejor para todos los consumidores.

Pero la situación es más compleja. Al parecer el negocio de TMC está excesivamente endeudado (en parte por las obligaciones con las cuales contribuye a pagar las enormes pensiones del difunto Telecom) y la prensa informa que los socios de TMC han llegado a un acuerdo para realizar una capitalización de TMC por un monto de $4 billones, de los cuales la Nación aportaría $1,2 billones.

Seguramente antes de llegar a este acuerdo los socios evaluaron cuidadosamente sus respectivos compromisos legales y estatutarios. Y la Nación debió sopesar, entre las distintas alternativas, la opción que primero surge en la mente de los analistas financieros, es decir, la de no participar en la capitalización y permitir, de esta manera, que el socio mayoritario asuma por sí solo todos los riesgos, compromisos y obligaciones del negocio, claro, a costa de la dilución de las acciones públicas en el capital de la empresa (la prensa también reporta que algunos observadores han planteado otras formas para buscar la desvinculación definitiva de la Nación de esa sociedad).

La historia del costoso colapso de Telecom debería servir de advertencia a los sindicatos de la ETB y a los políticos populistas que fungen como sus altavoces ante la opinión pública. Es mejor vender a tiempo la ETB, a un precio justo, antes de esperar que en unos años se produzca una pérdida predecible e irremediable: el completo detrimento patrimonial de la ETB.