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El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha mentido constantemente en el tema de los falsos positivos, desde el inicio de este horrible escándalo. Especialmente, porque decidió ignorar las alarmas que varias entidades prendieron para advertirle de lo que estaba sucediendo.
Vamos por partes.
El 26 de noviembre de 1996 fue establecida en Colombia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mediante acuerdo firmado por el Gobierno y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el marco de este acuerdo, la Oficina tiene como tarea observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas.
Desde 2002 hay cartas, reportes e informes de esa oficina adscrita a las Naciones Unidas en las que advirtieron del incremento en las ejecuciones extrajudiciales de indígenas, jóvenes campesinos y raizales de Providencia en el gobierno del entonces presidente Uribe. (Ver Reporte)
La Oficina dio cuenta de lo que se denomina falsos positivos también en los informes de los años 2003, 2004 y 2005. Para Naciones Unidas no solo existían ejecuciones extrajudiciales, sino un acoso en contra de los defensores de derechos humanos que estaban denunciando estos hechos en Colombia. (Ver Cuestionamiento)
Pero ahí no para.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Ginebra, nombró a Christian Salazar Volkmann, de nacionalidad alemana, como su representante en Colombia el 2 de marzo de 2009.
Salazar Volkmann publicó en 2012, una vez salió de su cargo, un artículo donde relata la forma en la que el Gobierno decidió ignorar las alarmas que esa entidad prendió. Cuenta que desde esa oficina se le mandaron cartas al presidente y al Ministerio de Defensa que terminaban tiradas en la basura, ya que Uribe no quería hacer nada sobre esas denuncias. (Ver Artículo)
“Aunque las campanas de alarma estaban sonando, el presidente aparentemente optó por creer en las negativas de los militares e ignoró la información que se le dio. No se tomó ninguna medida y en los próximos años el tema sería suprimido en los informes oficiales de derechos humanos de Colombia. Ninguno de los informes anuales de derechos humanos de la Presidencia colombiana se refirió al tema de las ejecuciones extrajudiciales”. (Ver Alarmas)
La falta de respuesta por parte de Presidencia y del Ministerio de Defensa cuando Naciones Unidas les hacía consultas llevó al alto comisionado a enviar otras cartas a distintas entidades, porque el Gobierno no quería responder.
“Desesperada por la falta de respuesta del ministro de Defensa, la Oficina del ACNUDH comenzó a dirigir y copiar su correspondencia a un número cada vez mayor de otros funcionarios gubernamentales. Aproximadamente un mes después de la primera carta al ministro de Defensa, siguió otra carta con 29 casos de Antioquia. Esta vez estaba dirigida no solo al ministro de Defensa, sino también al vicepresidente y al procurador general. Posteriormente, el ACNUDH también incluyó al ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro de Relaciones Exteriores y el fiscal general en su correspondencia”. (Ver Falta de respuesta)
Nada pasó.
Solo silencio y posteriormente falacias para desacreditar los falsos positivos. Es por eso que es importante recordar lo que dijo el 25 de julio de 2007 el entonces presidente Uribe en un discurso en Barranquilla para conmemorar el segundo año de la Ley de Justicia y Paz: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”. (Ver Discurso)
Es claro a quién se refiere cuando habla de corifeos. Y también es claro que esa es la mentira que sigue repitiendo el expresidente Uribe, 14 años después, para justificar que su Gobierno utilizó el asesinato extrajudicial de la población civil, entre la que se encontraban indígenas, campesinos, raizales y niños, como estrategia para mostrar resultados positivos en su guerra contra la guerrilla.