Los crímenes de Estado y yo... ¿Y usted?

Columna del lector
23 de julio de 2019 - 04:53 p. m.

Por: John García Fitzgerald

Recibo un mensaje de mi hermana, escrito desde un cementerio cerca a Los Ángeles, California, que dice: “Aquí visitando a mi hijo en su cumpleaños”, con una foto de la pequeña lápida del nicho que guarda las cenizas de su hijo.

Han transcurrido diez años desde aquella noche en que su primogénito fue atacado. Recibió un impacto de bala en la vital arteria femoral y, como si no fuera suficiente, al caer arrodillado y por la espalda le propinaron otro disparo que, literal, partió el corazón. Son detalles conocidos tras informes forenses a lo largo del tortuoso juicio, donde uno de los agresores fue condenado a 30 años y quien disparó a cadena perpetua.

La muerte es un proceso natural, una realidad para la cual nadie se prepara, evento doloroso, pero mucho más cuando es causado por terceros.

Quien pierde su cónyuge, se dice que es viudo. Quien pierde a sus padres es huérfano. Pero cuando se pierde un hijo, se dice “lo que no tiene nombre”, como el libro de Piedad Bonnett.

El dolor por la pérdida de un hijo es indescriptible. Fui testigo y paño de lágrimas en la distancia durante cinco años que duró el proceso de investigación y juicio por el asesinato de mi sobrino, escuchando al teléfono el llanto de mi hermana, conociendo las vicisitudes del juicio, donde debió confrontar crudas realidades, desde las imágenes e informes forenses, hasta los descarnados relatos de los agresores e incluso ver con un cinismo máximo al asesino, que se reía en su cara, con una actitud sádico demencial  por el dolor causado…

Con base a esa experiencia familiar, por fortuna ya superada mas imposiblemente olvidada, siempre guardo infinito respeto, solidaridad, comprensión y admiración por todas aquellas madres que están tratando de superar el más difícil de los duelos (la lástima la reservo para los asesinos y los indiferentes): la pérdida de sus hijos en este país de pésima memoria donde la indiferencia campea --eso sí, hasta que les toque el turno de afrontar una tragedia y un duelo--, y su pseudojusticia, que sigue en deuda con miles de madres a las que el propio Estado les asesinó a sus hijos.

Al respecto, mi mejor amigo me dice: "¿pero por qué tanto escándalo si las ejecuciones extrajudiciales siempre han existido; y no olvide que la guerrilla también ha matado mucha gente?".

Le respondí: "quizás crímenes de Estado se han presentado en otros gobiernos, pero en el periodo 2002-2010 se dispararon en forma exponencial y descarada; respecto a que los grupos insurgentes tienen en su haber muchas víctimas, innegable que aquellos grupos guerrilleros que mutaron a narcoterroristas mataron, secuestraron, reclutaron, atentaron y desplazaron a muchos compatriotas; no se trata de justificar su sangriento actuar, pero la esencia de un grupo ilegal es cometer actos ilícitos, criminales. Incomparable con un solo caso de ejecuciones extrajudiciales o crímenes cometidos por el Estado. Todos los ciudadanos sin excepción, según nuestra Constitución, que por cierto cada presidente jura cumplir, dice que “El derecho a la vida es inviolable” ,"Nadie será sometido a desaparición forzada”. Juramento que no cumplen, pero que nadie “demanda”.

Y es entonces cuando nos escriben, con sangre de inocentes, uno de los capítulos más sombríos y criminales  de la historia reciente  de Colombia,  titulado  "Los crímenes de Estado”, ejecuciones extrajudiciales  y/o muy mal llamados “falsos positivos”, término usado en estadística para indicar un error, en informática alertando de un virus inexistente, en medicina a un resultado erróneo de alguna prueba, quizá el DANE con alguna cifra... Pero en Colombia, con una frivolidad y folclorismo patológicos de medios y sociedad, se les malnombró "falsos positivos" a miles de  execrables crímenes de Estado, que consistieron, ni más ni menos, en engañar con falsos empleos, trasladar a apartadas zonas, retener, secuestrar, vestir con traje camuflado y ajusticiar criminal y cobardemente a inocentes y humildes jóvenes, para luego presentarlos  ante los medios como trofeos empacados en bolsas plásticas, aduciendo resultados de una falsa seguridad democrática, mientras el Ejecutivo del momento alardeaba de los supuestos resultados de la cacareada seguridad democrática. ¿Muy difícil entender la gravedad de los hechos y considerar por un instante el dolor de las familias de las víctimas?

La cifra de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales es tan incierta como la justicia que se espera por estos crímenes. La Fiscalía General reveló que 4.382 personas fueron asesinadas en "falsos positivos" en el periodo comprendido entre 2002 y 2008. Otras ONG dan cuenta de más de 5.000 personas asesinadas, e incluso el excoronel de la Policía Omar Eduardo Rojas y el historiador Fabián Leonardo Benavidez hablan de casi 10 mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia en su libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (libro y datos que en su momento fueron citados por el diario británico The Guardian).

Pese a que la cifra de víctimas no se ha establecido, y quizá nunca se conozca, lo cierto es que en un país mínimamente decente un “líder” que bien sea por acción u omisión está vinculado con la indeterminada cifra de crímenes de Estado, no solo estaría investigado e inhabilitado para ejercer más cargos públicos, sino también condenado, primero por ser el comandante supremo de las FF.AA. y por ende responsable directo de todos los aciertos,  errores u horrores  que pudieren cometer dichas fuerzas armadas, con el agravante de la expedición de la directiva ministerial 029-2005, firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina. Dicha directiva resultó ser el motor  del criminal y siniestro  “menú” llamado “incentivos”, que hicieron que se dispararan las ejecuciones extrajudiciales .

Por las ejecuciones extrajudiciales se han juzgado oficiales, suboficiales y soldados, es decir el lado débil de la cuerda (o quienes hicieron el “trabajo sucio”), pero ¿quiénes son los responsables sea por acción u omisión de los crímenes de Estado? Hay que recordar que en su momento algunos altos funcionarios sacaban pecho en alocuciones e informes oficiales sobre el saldo de “bajas” de guerrilleros, (que no lo eran) pero que ahora con cinismo dan la espalda a la responsabilidad que tienen. Por bajo que se tenga el  IQ (coeficiente intelectual) , se puede deducir que un “líder” a quien le hicieron ochas y panochas, escándalo tras escándalo de corrupción y abuso de poder e incluso miles de crímenes de Estado, supuestamente a sus espaldas, o está  muy comprometido en todo, o es el ser con más mala suerte del universo, o es el campeón de la imbecilidad y la ineptitud, por no haberse percatado de quienes se rodeaba y sus andanzas… Por lo tanto se es  culpable por acción u omisión, y punto final (no puntos suspensivos…).

Hacer el duelo por la pérdida de un hijo no es fácil, máxime si éste fue asesinado, mancillado y, no contentos con eso, luego revictimizado por la propia cabeza del Ejecutivo con la infortunada y vil frase: “no estaban cogiendo café”. Habría que complementar que sí estaban “recogiendo” la maldad de unos agentes del Estado, representada en criminales fusilamientos y ejecuciones.

 Si bien castigar a los verdaderos culpables y autores intelectuales, no volverá la vida a los colombianos asesinados por el Estado u otros actores, sí permitirá que sus familias, y en especial sus madres, puedan cerrar ese trágico ciclo, entendiendo que justicia no es venganza, es justicia; aquella que hasta ahora sigue siendo  esquiva  y temerosa para juzgar a los pesos pesados, manteniendo una cobarde y celestina impunidad, sumando la terrible indiferencia de  toda una sociedad. 

Por solidaridad y respeto con las madres y familiares de las víctimas de estos hechos, es mejor dejar el eufemismo de “falsos positivos” y llamar las cosas por su nombre: “Crímenes de Estado”, mientras seguimos abrigando la esperanza que por fin se haga justicia, por la despiadada muerte de miles de colombianos a manos de un Estado que se supone debería protegerlos, olvidar éstos crímenes sin que se haga justicia, es hacerse cómplice tácito de ellos.

 

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