Los datos sobre la violencia en Bogotá

Con respecto al artículo publicado en su edición del 25 de junio titulada ‘Bogotá, ciudad de violentos’, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones.

Algunos datos fueron tomados de nuestra publicación Forensis Datos para la vida 2007 y reinterpretados por el autor de la nota.

En ninguna parte de la mencionada publicación se lee o se infiere la afirmación “22 agentes de la Policía fueron culpables de violación según Medicina Legal”.

En este sentido, precisamos que lo referenciado por el Instituto corresponde a “posible agresor relacionado con el hecho”, lo que no determina responsabilidad penal, ni mucho menos culpabilidad, siendo esta última competencia de los jueces de la República, una vez finalizadas todas las etapas del proceso penal.

Y es que el dato sobre “posible agresor” es producto de la información aportada por el o la denunciante al momento de la valoración forense y corresponde a una variable útil a los fines epidemiológicos, que requiere todo el trámite del proceso penal para que se determine finalmente la culpabilidad.

Adicionalmente, el Instituto tampoco tiene competencia en la tipificación de los delitos penales; en este sentido, la expresión “20.232 violaciones sexuales en el país” no corresponde con lo analizado por nuestra entidad, que corresponde a los “presuntos delitos sexuales”.

De otra parte, la forma de presentación de la información sugiere que estos hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá, lo cual no es cierto, ya que los datos consolidan informes periciales por presuntos delitos sexuales, practicados en el nivel nacional.

Finalmente, queremos precisar que la información oficial de la institución proviene de nuestro Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, que está en permanente disposición para asesorarlos con respecto a la interpretación y alcance de los datos allí analizados por expertos epidemiológicos, sociólogos, psicólogos y comunicadores sociales.

Pedro Gabriel Franco MazDirector General, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Jorge Arturo Jiménez P. Director Regional Bogotá.

De R. Arango

En carta a El Espectador del 24 de junio de 2008, página 31, Daniel García-Peña sostiene que he incurrido en informaciones inexactas e injuriosas en mi columna “Ética, medios y política”. Lo anterior merece tres precisiones:

 1. La información inexacta que García-Peña me atribuye consiste en que la renuncia de Carlos Gaviria habría sido motivada por la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de ratificarlo como secretario del Polo y no por la negativa de éste último a asumir sus responsabilidades. No soy quién para cuestionar las motivaciones de Carlos Gaviria. La razón de su inconformidad y su llamado a la responsabilidad entiendo fueron debido a los contratos celebrados, sin autorización para ello, por García-Peña. La decisión mayoritaria del Comité Ejecutivo no cambia en nada las motivaciones de la renuncia; por el contrario, las refuerza.

2. En cuanto a las relaciones familiares de García-Peña y otros medios escritos, los vínculos de consanguinidad entre ellos son públicamente conocidos. A mi juicio dichas relaciones podrían explicar la ligereza de los directores de dichos medios de no contrastar la versión según la cual la salida del ex secretario se debió a una lucha entre facciones en el partido.

 3. Que Daniel no es bueno al atribuir motivaciones a las personas se hace manifiesto cuando sugiere que mis opiniones podrían obedecer a mis “pasadas relaciones laborales con el Dr. Gaviria”. Para su información, no he tenido relación laboral alguna con Carlos Gaviria, cosa que me enaltecería por su carácter moral. Tampoco acostumbro a escribir movido por relaciones de amistad o subordinación, como lo sugiere García-Peña con erróneas aunque hipotéticas afirmaciones.

 Rodolfo Arango. Bogotá.

¿Para qué la Democracia?

Escribir sobre la coyuntura política corre el riesgo de desvanecer nuestras ideas de acuerdo al curso de los acontecimientos, y, sin embargo, he allí una potencialidad que suele pasarse por alto. Mucho se ha dicho y escrito sobre el anuncio del presidente Álvaro Uribe Vélez con respecto a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Se ha dicho, por ejemplo, que “el poder de las mayorías” es la esencia de la democracia y que la “seguridad democrática” está por encima de la democracia misma. Para ello se descalifica la autoridad jurídica de la Honorable Corte Suprema de Justica, diciendo que sus decisiones no son jurídicas sino políticas.

Se ha dicho que hay que consultar al pueblo, para que él decida sobre la “verdad” de unos hechos que comprometen, desde el principio, la honestidad del Gobierno actual. Para nosotros, el debate más que político es ético. ¿Se puede invocar al pueblo como argumento para probar una tesis? En otras palabras, ¿La voz del pueblo es realmente la “voz de dios”?, ¿de qué pueblo y de qué dios estamos hablando?

Esta afirmación, que proviene de la historia romana, es tan ambigua como especulativa. Pongamos un ejemplo. Si mañana (o ayer, como ya ha ocurrido) el pueblo decidiera que no se debe (o no se puede) tolerar el homosexualismo, ¿significaría esto que el homosexualismo quedaría “abolido” por la simple opinión de una mayoría? Para decirlo con más firmeza, la deliberación pública no pasa por la suma de votos, sino por el debate con argumentos y por el respeto por las opiniones diferentes. Hoy las mayorías pueden estar de acuerdo con la cadena perpetua para “violadores de niños”, mañana bien pueden pensar lo mismo sobre cualquier otro tema.

Carlos Cazagemas.  Medellín.

 

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