Por: Alfredo Molano Bravo

Los de adentro y los de afuera

ESCRIBO IMPACTADO AÚN POR LA manifestación del pasado domingo. Millones de colombianos aquí y en el exterior salieron a la calle.

Unos por convicción, otros por desprograme y no pocos obedeciendo las directrices —tácitas o explícitas— de algunas entidades públicas o privadas. Los conciertos fueron un gancho eficaz, el sol ayudó y nadie quería quedarse fuera de la gran foto. A la gente le gusta sentirse en masa, encontrar un puesto en el rebaño. Es emocionante ir a una manifestación, pitar, gritar y salirse de la hebra. La del domingo pasado, habilidosamente manejada, fue un verdadero orgasmo de patriotismo que exhibió el poder del caudillismo y de la radio y la televisión. No obstante, ni el Gobierno ni los medios merecen el respaldo y la acogida que tienen en el pueblo, ya que en el fondo lo que venden es propaganda. Contrasta en forma brutal el respaldo de los marchistas a la llamada institucionalidad con lo poco y malo que de ella reciben.

Salí el lunes para el Pacífico vía Cali-Guapi en avión. El Valle del río Cauca atiborrado de cañaduzales. Cuadrículas de cultivos perfectos, regulares, generando, como se dice, riqueza; y la gente apeñuscada en las orillas de las carreteras, en los pueblitos, en las ciudades. Pasar la cordillera hacia el Pacífico es toparse con otro mundo: una selva cada vez más entresacada por los madereros piratas o por las concesiones compradas. Los cauces superiores de los ríos, que hace diez años estaban tapados por la selva, hoy corren desnudos. Las aguas, antes verdosas, ahora son grises. Los abiertos son más frecuentes en la medida en que nos acercamos al mar; los pequeños cultivos de coco, chontaduro y pancoger van desplazando al monte. ¿Cuántos campesinos que viven y trabajan  en estas profundidades supieron de las marchas? ¿A cuántos les interesaron? Preguntas bobas que no deja uno de hacerse cuando es pasajero. De repente, un pueblo en la curva de un río de aguas pesadas y lentas, construido en la cabecera de una pista de aterrizaje. El pueblo es llamado El Charco, Cauca —distinto al homónimo de Nariño— y el río es el Guapi. Más abajo los cultivos de palma africana y, claro está, los verdes retozones de coca. Han aumentado ferozmente: “Hace un año —dice el profesor Efraín Jaramillo, de la Escuela Interétnica para la Resolución de Conflictos— existían 600 hectáreas, y hoy pasan de 7.000”.

Guapi está hecho una feria. Hace diez años era un pueblo donde el Incora había llevado unos búfalos a ver si podía impulsar el latifundio en una región tan húmeda, y donde sonaban las marimbas de los Hermanos Torres y de sus alumnos. Nada más. Hoy el bullicio y la agitación del pueblo son notables. La chirimía ha sido desplazada por el vallenato paisa; el biche y tumbacatre —aguardientes de alambique—, por el whisky y la cerveza; las abarcas por botas de caucho, y el sombrero de paja por la cachucha de beisbolista. En los graneros venden como arroz desde recipientes y telas plásticos hasta sardinas y carne enlatada. Guapi vive ahora al ritmo febril de la coca. En este año han asesinado a una docena de jóvenes. Los turistas que lleva la concesión de la Isla Gorgona —tan generosamente otorgada a dedo perdido por el Gobierno al tartufo de todo coctel— de nada se enteran. Ni les importa: vienen de la marcha a ver ballenas (si tienen suerte).

Toda la Costa Pacífica está en una condición igual o peor. Los paramilitares, las guerrillas y la fuerza pública se pelean a muerte palmo a palmo los territorios habitados por comunidades negras, amparadas formalmente por la Ley 70. Asistí a una reunión de representantes de los Consejos Comunitarios, que son autoridad reconocida por el Estado. La queja principal es simple: “Nos desplazan”. Más de 800.000 personas están en riesgo de ser desplazadas. Las comunidades huyen de la guerra, uno de cuyos principales agentes son las fumigaciones aéreas que el Gobierno se empeña en hacer. Son la pieza central de su estrategia bélica y el argumento para conseguir unos pocos dólares y  destruir la selva. A los desterrados por las fumigaciones, el Gobierno —que organiza las grandes manifestaciones a su favor— no les reconoce el estatus de desplazados, y sus tierras —que por cientos de años han sido trabajadas por las comunidades negras con celoso respeto por el medio ambiente— están siendo ocupadas por ganaderos, quizás asociados a Fedegán, gran financiador de marchistas. No reconocerles legalmente el estatus de desplazados equivale a que las tierras que abandonan no les serán respetadas por el Estado ni tendrán acceso a los beneficios de la Ley 387 del 97 ni de la protección especial que sobre ellos ejerce la Corte Constitucional por sentencia T-025/07. Los representantes de los consejos comunales se ríen con sorna cuando se habla de Acción Social y sustitución de los cultivos ilegales. No sé cuál sería la respuesta si Luis Alfonso Hoyos los invitara a una marcha. O mejor, si sé: preguntarían si se les reconocerían viáticos. De seguro el funcionario del Gobierno respondería: ¡Pero claro!

 

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