Los decretos legislativos

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Dice la Constitución que el presidente de la república tiene la potestad de dictar normas especiales, para hacer frente a situaciones excepcionalmente críticas. Son los decretos legislativos, cuyo alcance llega a suspender o reformar leyes que el gobierno considere incompatibles con el estado de excepción. Los decretos, en ningún caso, pueden modificar la Constitución. Son objeto de control judicial por parte de la Corte Constitucional y de control político por parte del Congreso de la República.

El principio del control es el principio democrático por antonomasia. El Congreso y la Corte tienen la inmensa responsabilidad de garantizar la vigencia cabal del Estado de Derecho en medio de unas medidas de excepción tomadas por el gobierno, cuyo poder se torna gigantesco, incluso excesivo, hasta el punto de que, a menudo, se termina desbordando. El poder tiene naturaleza expansiva y alta capacidad de obnubilar a quienes lo ejercen. Por eso, en tiempos de poderes extraordinarios para los gobiernos, los congresos son los garantes del sistema republicano.

Es difícil evaluar plenamente los alcances de las medidas adoptadas por el gobierno, pues se dictó más de un centenar de decretos sobre la emergencia. El presidente Duque fue diligente en su respuesta a la pandemia y, por lo tanto, merece reconocimiento del país. Su rápida gestión fue definitiva para evitar el desborde del covid-19, pero el peligro subsiste. No me parece responsable levantar, ni siquiera parcialmente, la cuarentena sin la certidumbre científica de que está conjurado un rebrote de la pandemia o la aparición de una segunda fase del contagio.

El gobierno erró en algunas decisiones que, ojalá, tenga la valentía de reversar, y se abstuvo de tomar otras que, ojalá, asuma prontamente. No se puede plantear un dilema entre la vida de las personas y el futuro de la economía, pero sí se debe poner de presente que unos son los resultados, en materia de desarrollo, si la economía gira en torno al eje de la producción de bienes y servicios, y otros si gira en torno al eje del capital financiero. Las medidas oficiales han privilegiado a este sobre aquella.

Propinó, además, un fuerte golpe a Colpensiones, entidad estatal, al ordenarle asumir el pago de las mesadas que estaban a cargo de los billonarios fondos privados. La decisión parece formar parte de una desafortunada estrategia, que aprovecha la crisis desatada por la pandemia, para obtener resultados que nada tienen que ver con la emergencia: avanzar hacia una reforma pensional que, desde el año anterior, anunció el gobierno y que, en el fondo, supone desmantelar el régimen de prima media.

Así mismo, el decreto grava salarios y pensiones públicas, pero se abstiene de hacer lo mismo frente a las privadas. Pero es allí donde se pagan los más altos salarios y las más altas pensiones, cuyos rangos se sitúan cuatro, cinco, seis y más veces, sobre las más elevadas del sector público. Por otra parte, la tasa de interés bancario, en Colombia, está entre las más gravosas del mundo. Eso amerita alguna decisión del gobierno. Sobre estos temas la Academia Colombiana de Jurisprudencia realizará un foro, con dos paneles, los días martes y jueves próximos. Me referiré a él en próximas columnas.

@inefable1

* Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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