Por: Mauricio Botero Caicedo

Los dividendos de la firmeza

LA LIBERACIÓN DE ÍNGRID Y LOS otros 14 secuestrados ha demostrado el triunfo de tres políticas. La primera es la continuidad de las estrategias antiterroristas durante los últimos seis años. La misma Íngrid resaltó en sus declaraciones que tal vez el golpe más duro a las Farc en los últimos tiempos fue la reelección de Uribe.

Los terroristas estaban acostumbrados a que cada cuatro años se cambiaba de Presidente y ellos tomaban ventaja de las diferencias y contradicciones entre el nuevo mandatario y su antecesor. La continuidad de las estrategias los dejó desubicados y sin rumbo.

 La segunda política es haberle dado prelación a la ‘inteligencia’ sobre las operaciones militares, y la tercera es la política de recompensas cuyos frutos sigue cosechando el país. Si los colombianos pretendemos acabar con el narcoterrorismo, y lograr la liberación de los otros 700 secuestrados, es de elemental lógica que estas tres políticas deben continuar.

 Un reciente editorial de este diario y algunas otras columnas en diversos medios de comunicación sugieren modificar porque no es realista seguir intentando que Venezuela, Nicaragua o Ecuador lo “compren” el discurso del Gobierno colombiano de que las Farc son un grupo terrorista. Es pertinente analizar los diferentes aspectos de dicha propuesta empezando por si las Farc son terroristas.

 Durante sus 44 años de existencia, esta organización ha asesinado a centenares de colombianos, ha secuestrado a miles de compatriotas, ha destruido innumerables poblaciones, se han convertido en el principal cartel de la cocaína en el mundo, y millares de personas han quedado lisiadas por sus minas quiebrapatas.

El catalogar a estos asesinos y secuestradores de terroristas no es un discurso promovido por Washington y Bogotá al unísono, ni mucho menos un planteamiento ideológico o estratégico. El ser terroristas, como la preñez, es un término absoluto y no relativo.

Hay otra realidad que tanto el editorialista como los comentaristas pasan de largo: no son Venezuela, Nicaragua o Ecuador los que no “compran” el discurso del Gobierno colombiano, sino sus gobernantes. Ortega, aquel vulgar sátrapa tropical que cada día se parece más a Somoza, tiene el rechazo del 82% de la población.

Pícaro y venal, Ortega se mantiene con base en una diabólica alianza con Arnoldo Alemán, posiblemente el político más corrupto en la triste historia reciente de Nicaragua. El que este rufián no “compre” la posición del Gobierno colombiano tiene la menor importancia.

En el sur nos encontramos con Rafael Correa, un ‘Galán de vereda’ de tercer nivel con indudables dotes histriónicas, reacciones viscerales e intempestivas, y con una capacidad extraordinaria de manipular la verdad. Correa, elegido con los sucios dineros del narcoterrorismo, tiene el descaro de afirmar que no va a restablecer relaciones con Colombia hasta que tengamos un gobierno “decente”.

¿Con qué derecho este patán se atreve a calificar o descalificar a un Gobierno elegido democráticamente por los colombianos? El que este mequetrefe no “compre” la política antiterrorista colombiana, tampoco tiene ninguna importancia.

 Por último está Chávez en Venezuela, porque siendo el menos tonto de los tres mandatarios, se dio cuenta que el 70% de los venezolanos no lo respaldaban en su apoyo a los narcoterroristas de las Farc. El presidente venezolano decidió dar marcha atrás y modificar radicalmente su discurso, por lo menos cara a la opinión.

Es una realidad que los presidentes de Nicaragua, Ecuador y Venezuela le profesan respeto y afecto a los narcoterroristas. Pero sus preferencias personales no representan el sentir de sus habitantes. Colombia, bajo ninguna circunstancia, debe modificar su discurso antiterrorista.

 

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