Por: Augusto Trujillo Muñoz

Los jueces y la reforma

“Asojudiciales”, entidad que agrupa solamente jueces y preside el doctor José Élver Muñoz, pone de presente las limitaciones de la reforma sobre equilibrio de poderes.

El texto, publicado en su página web, sugiere nuevas reflexiones. Si hay desajuste en el equilibrio de poderes es porque el ejecutivo suele cooptar a las otras ramas y a los órganos autónomos. Pero también porque los altos jueces constitucionales desbordan las fronteras –a veces imprecisas- que separan su función de la del ejecutivo y de la del legislativo. En Colombia hay exceso de legalidad, déficit de legitimidad y factores de corrupción que no se resuelven con la reforma en curso.

Para los jueces –con razón- la reforma en la administración de justica supone y exige una adecuada conformación del poder político. También, me permito agregar, plena conexión de las propuestas con la realidad social. Veamos: El presidente de la República considera que los partidos políticos son esenciales para el ejercicio de la democracia; el ministro de Justicia todavía cree que el aforo de altos funcionarios es garantía de la separación de poderes: Las altas Cortes ignoran la dimensión de su crisis.

Los poderes centrales se quedaron recitando dogmas que la evolución social dejó atrás: De hecho los partidos ya no son esenciales para el ejercicio de la democracia porque la participación ciudadana resintió la representatividad. La democracia de partidos da paso a la democracia de ciudadanos. De hecho, en su visión clásica, el fuero especial para juzgar a los altos funcionarios dejó de ser garantía y se volvió privilegio. Se desdobló en ausencia de control y, por lo tanto, en estímulo para el abuso del poder. No tiene que ver ya con la división de poderes.

Es más: Desde Kelsen se consideró que el principio de la separación de poderes no era esencial a la democracia. Para el jurista austríaco, en cambio, la idea de que el legislativo, como representante de la voluntad de los ciudadanos, controle tanto al ejecutivo como al judicial, es esencialmente democrática. Por cierto, esa tesis fue defendida con denuedo, en la Constituyente del 91, por el Cofrade Alfonso Palacio Rudas. Como bien lo expresa Matteucci, la finalidad esencial del principio de separación de poderes es la libertad del ciudadano

En el Estado constitucional se reconoce virtualidad política a las decisiones judiciales, siempre y cuando la interpretación-creación del Derecho no se enrede en medio de problemas que afecten su transparencia. La legitimidad es el más importante de todos porque, en el caso de los jueces, sus fallos no se justifican desde la representación sino desde la racionalidad ética y jurídica. Por eso, cuando fallan en conciencia y no en Derecho, el activismo judicial termina siendo un remedio peor que la enfermedad.

Ese tipo de problemas se advierten en la tesis de Dworkin sobre las respuestas correctas, así como las graves consecuencias que generan sobre los derechos de las personas y sobre la seguridad jurídica. Pero ninguno de los problemas aquí señalados, está en la mira de la reforma. Los jueces tienen razón. Las reflexiones de “Asojudiciales” permiten concluir que si las altas Cortes ignoran la dimensión de sus crisis, la base de la pirámide puede garantizar “luz en la poterna y guardián en la heredad”.


*Ex senador, profesor universitario, @inefable1

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