Por: Julio César Londoño

Los niños fantasmas de Barrancabermeja

El Espectador publicó el domingo un artículo sobre un caso de corrupción en la Secretaría de Educación de Barrancabermeja. Lo normal, dirá usted. Barranca. Una Secretaría de Educación. Raponazo al erario. Rutina pura. Pero este caso encierra un cinismo inédito. Veamos.

La investigación de Alberto Donadio, “Corrupción en Barrancabermeja: niños fantasmas para cumplir un contrato”, reveló que el alcalde, Darío Echeverri Serrano, gastó más de $1.100 millones en cuatro talleres para niños que no existen. ¿Será esto lo que llaman educación virtual?

Donadio llamó a decenas de los estudiantes supuestamente beneficiados y encontró que muchos de los teléfonos anotados no existen, o existen pero el que contesta no conoce al estudiante, o el estudiante contesta pero nunca ha estado en Barrancabermeja.

Hasta aquí todo normal. Rutina jarta. Talleres virtuales para niños fantasmas. Lo singular es la actuación de la contralora de Barranca. En su informe de enero de 2017 le dice al alcalde que su investigación sobre los talleres arrojó que “la gestión en este tema fue favorable” (había denuncias ciudadanas sobre los talleres porque todo el mundo sabe que el alcalde y Fundescol, la fundación de pillos reales que dictan talleres virtuales, conforman una sociedad voraz).

Cuando el periodista le pregunta a la contralora por los teléfonos que no existen, ella responde: “Este cuestionamiento se debe elevar a la empresa de telefonía y no a un ente de control”.

Cuando le pregunta por qué en muchos casos el que contesta no conoce al estudiante de la planilla, la señora se pone digna, cree que está en una escuela de Barranca y regaña al periodista. “Dicha pregunta es absurda e irrespetuosa para el ente de control, en ningún momento se establece que las contralorías tengan competencia de adivinanza. Se le recomienda al periodista abstenerse de formular peticiones irrespetuosas contra las entidades públicas”. Entonces uno entiende por qué a los organismos de control los llaman “entes”.

Cuando le pregunta por qué un alto porcentaje de los estudiantes contactados niegan haber asistido a los talleres, la ente responde: “Tal pregunta se sale del campo propio de la entidad. No somos competentes para responder sobre las personas que elaboraron, suscribieron o manipularon las planillas, o señalar cómo, por qué y cuándo se elaboraron dichas planillas. Nuestra función consiste en verificar el cumplimiento del objeto contractual”. (Plop).

Cuando le pregunta por qué no llamó ni a un solo estudiante, responde: “No se puede. Son menores de 14 años. Lo prohíben las normas de protección al menor”, pero no explica por qué, entonces, tampoco llamó a los padres de familia.

¿Qué dice el contralor general? Nada. Está en modo tutaina. Ha pasado un año de este raponazo, y una semana desde la publicación del artículo, y Maya no ha dicho ni mu. Como el alcalde, que se negó a contestar el formulario de El Espectador. Tal vez tiene razón la descontralora: Colombia opera como una escuela de Barranca, pero a gran escala. En los pueblos se roban millones. En Bogotá los Santos y los Uribe y los Vargas y sus pandillas se embolsillan billones.

El raponazo de Barranca se repite, calcado, en todo el país a través de los programas de ampliación de cobertura. ¿Dónde están los contralores, los padres de familia, los estudiantes, los profesores? ¿Es zombi todo el país?

Debemos organizar, con estudiantes, profesores y padres de familia, veedurías que velen por el manejo de los recursos de la educación.

O seguir rezongando contra la corrupción, como si fuera un monstruo venido del espacio exterior, como si fuéramos víctimas, no cómplices por omisión.

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