Por: Julio César Londoño

Los números de la educación superior

La situación de la Educación Superior en Colombia es agridulce, para ponerlo en términos suaves. Veamos estos datos.

Según el Ministerio, la cobertura pasó entre el 2000 y el 2010 de 13,8% a 37%, alcanzado casi el promedio de América Latina (38%). El problema de tanta belleza estriba en que la cifra está inflada porque el Ministerio incluyó a los estudiantes del Sena, que son técnicos, no profesionales. Con todo, los analistas reconocen que hay un incremento importante.

Las diferencias por regiones son dramáticas: mientras que la cobertura de Bogotá es de 73%, Putumayo, Arauca, Guainía, Vichada y Amazonas están por debajo de 12%. También hay coberturas muy pobres en Nariño, Guajira, Guaviare y, sorpresivamente, en Cundinamarca.

Quindío y Norte de Santander tienen coberturas notables (50% y 43%) pero también tienen porcentajes altos de deserción (¡58 y 79 por ciento!).

La deserción total del país es de 47%. Es decir que sólo la mitad de los estudiantes que inician su educación universitaria termina los estudios. Es una tragedia de enormes proporciones y su incidencia en la movilidad social es altísima.

La calidad de la educación superior es discreta. Uso este cauteloso adjetivo porque, según la ministra, el 100% de los programas ofertados se ajustan a las exigencias del sistema de aseguramiento, y hay 23 universidades acreditadas, 14 públicas y 9 privadas. El primer dato me parece sospechoso y el segundo pobre (hay 286 IES en el país). Lo cierto es que en el QS World University no aparece ninguna universidad colombiana entre las cuatrocientas mejores del mundo. La de los Andes y la Nacional están entre las 500 mejores. Luego aparecen Valle, Javeriana, Norte y Eafit.

José Fernando Isaza cree que todo se debe a que en las universidades de élite del mundo se invierten 360 millones por año por estudiante, mientras que en Colombia la inversión es treinta veces menor.

Aunque tenemos programas tan caros como el de medicina en los Andes (US$8.000 por año), el promedio nacional, US$3.500, es muy inferior al de otros países de la región: en Perú el año cuesta US$9.000, en México US$11.000 y en Chile US$13.000.

La inversión en investigación sólo representa el 0,16% del PIB, muy por debajo del promedio de la región, que invierte el 2,7% en este rubro.

Como el problema es de plata, y plata es por definición “aquello que nunca alcanza”, el Gobierno sacó la varita mágica de la inversión privada: la creación de universidades con ánimo de lucro, “que revolucionaron la educación en Brasil y en otros países”, como afirman, despistados y entusiastas, la ministra y el presidente. Pero un señor que entiende del tema, Francisco Piedrahíta, rector de la Universidad Icesi, sostiene que esto es falso: “Ni en Brasil, ni en México, ni en Perú, ni en Argentina han tenido impacto positivo estas universidades; menos en Chile, donde la ley las prohíbe. En los Estados Unidos, las actuaciones fraudulentas de las empresas holding de las universidades con ánimo de lucro, generan escándalos periódicos”. Por todo esto, agrega el rector, hay que rechazar la creación de universidades con ánimo de lucro. Es una pésima idea. “No atraen la tan mentada inversión, deterioran la calidad, incrementan la deserción y legalizan el engaño a los más pobres”.

Habrá que pensar entonces en otras soluciones, porque la educación es una condición sine qua non del desarrollo. Un país educado es competitivo, crea ciudadanos respetuosos de la ley, elige bien y lo gobierna cualquiera, hasta un político.

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