A los ojos del Fiscal de la CPI

La carta y visita oficial a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, han sido motivo de amplio debate en los medios de comunicación.

Hay consenso de que el tipo de preguntas formuladas por el Fiscal, así como los comentarios que ha hecho sobre el caso colombiano tienen síntomas de indagatoria preliminar. El mensaje es bastante claro: o el gobierno Uribe demuestra que la justicia se está implementando en Colombia —tanto en el caso del paramilitarismo como en el de la parapolítica— o Moreno Ocampo podría invocar su jurisdicción y solicitar la apertura de una investigación formal a la sala preliminar de este tribunal.

Lo que menos se ha discutido es el lugar que puede ocupar nuestro país dentro de la estrategia de la Corte Penal Internacional por aumentar sus márgenes de maniobra a nivel mundial. Se trata de una institución joven —entró en funcionamiento en marzo de 2003— que ha tenido dificultades a la hora de investigar con prontitud los crímenes de guerra y lesa humanidad, y de condenar a sus responsables. Ello se debe, en gran parte, al respaldo tibio que la Corte ha recibido hasta ahora de la comunidad internacional.

Entre los retos que enfrenta la CPI en este momento se incluye el fortalecimiento de su credibilidad internacional como instancia de investigación y condena, la expansión de su mandato más allá de África —en donde ha concentrado sus actividades— y el compromiso a apoyar los esfuerzos locales y no sólo los propios por confrontar la impunidad y culminar exitosamente los procesos judiciales.

Además de Afganistán, en donde el tribunal internacional también ha realizado averiguaciones, Colombia es un candidato ideal para la consolidación de sus objetivos estratégicos.  Reúne el mayor número de crímenes de lesa humanidad del hemisferio occidental y un nivel de violencia comparable a la República Democrática del Congo, como afirmó el mismo fiscal Moreno Ocampo. Algunos de los mayores responsables de estos delitos fueron extraditados a Estados Unidos, lo cual pone en peligro la búsqueda de la justicia y la verdad. Y la Corte Suprema de Justicia ha denunciado la existencia de interferencias en sus labores, y peor aún, de un complot entre algunos funcionarios del Gobierno y los paramilitares.

El riesgo de que el caso colombiano llegue a ser investigado por la Corte Penal Internacional es real.  Sin embargo, estar sólo bajo su lupa durante la turbia coyuntura actual implica otros costos que ni siquiera se han contemplado. El mayor de ellos es que, en lugar de una historia de superación de las dificultades del pasado, Colombia sea identificada internacionalmente como un país laxo ante los crímenes de lesa humanidad y el narcoparamilitarismo y, como lo señaló en un reciente editorial el New York Times, con un gobierno de tendencias autoritarias que irrespeta el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

 Profesora Titular. Departamento de Ciencia Política. Universidad de los Andes.