Por: Antieditorial

¿Los partidos irresponsables seguirán igual?

Por David Jiménez

En el editorial del 13 de septiembre de 2017, titulado "La irresponsabilidad de los partidos", se celebra la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los partidos Opción Ciudadana, La U, Liberal y Conservador, dado que no podrán presentar candidatos en las elecciones territoriales de 2019 por avalar candidatos inhabilitados en 2015.

Sin embargo, los partidos y movimientos políticos en Colombia tienen más incentivos para avalar candidatos cuestionados penal, disciplinaria y fiscalmente. La regla de la silla vacía en juntas administradoras locales, concejos municipales, asambleas y en el Congreso, que consiste en que el partido pierde la curul cuando un integrante de estas corporaciones tenga medida de aseguramiento o condena y no puede ser reemplazado en el orden de la lista, solo aplica para casos relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. ¿Y dónde quedan los delitos contra la administración pública: cohecho, concusión, tráfico de influencias, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros? Delitos tan comunes en la historia política reciente del país a nivel local, regional y nacional.

En semanas anteriores, la opinión pública a través de los medios de comunicación se ha enterado de delitos de cohecho o concusión, donde están implicados exmagistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con congresistas. Pero en el debate de la conocida “reforma política y democrática” no incluyeron agregar en el artículo 134 de la Constitución la prohibición de efectuar reemplazos en las corporaciones públicas por delitos contra la administración pública. Se concentraron en revivir el tribunal de aforados por la corrupción actual, pero no quisieron tomar medidas drásticas contra los partidos.

El proceso 8.000, la parapolítica, los carteles de la contratación y Odebrecht evidencian en los últimos 20 años la incapacidad de las instituciones democráticas de autorreformarse y sancionar las faltas y los delitos cometidos por los políticos y servidores públicos. Un problema como la financiación ilegal de campañas políticas, un tema de ayer y hoy, sin solución alguna; muchos se benefician de la prescripción y caducidad, como los implicados en las pasadas campañas presidenciales de 2010 y 2014.

Las disposiciones constitucionales y legales actualmente vigentes y la falta de autonomía e independencia de las autoridades judiciales y electorales impiden sancionar efectivamente a los responsables de delitos contra la administración pública, mecanismos de participación democrática o por financiación ilegal de campañas políticas.

Tampoco se cuenta con una ley que establezca responsabilidades y sanciones ejemplarizantes a los partidos y movimientos políticos en relación a sus directivos cuando sus candidatos avalados sean condenados por delitos de corrupción.

El cambio político depende de la ciudadanía, con su poder constituyente y destituyente previsto en los artículos 37, 40, 103 y 374 de la Constitución Política de 1991.

 

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