Por: Jorge Iván Cuervo R.

Los peligros de la indiferencia

Elie Wiesel, un escritor estadounidense de origen rumano y sobreviviente de los campos de concentración, escribió en 1999 su famoso discurso que lleva por nombre el título de esta columna. Allí dijo, entre otras cosas: “La indiferencia no suscita ninguna respuesta. La indiferencia no es una respuesta. La indiferencia no es un comienzo; es un final…”

Recuerdo este texto a propósito de la muerte de líderes sociales en Colombia, que ya puede considerarse una tragedia humanitaria, y que hoy constituye el principal problema por resolver por parte del Estado y del gobierno del presidente Duque. La muerte de María del Pilar Hurtado en Tierralta, Córdoba, delante de su hijo conmovió al país y nos hizo recordar que hay una suerte de dos Colombias, una, donde la gente se puede mover con cierta tranquilidad y dormir con cierta seguridad, es la Colombia urbana, donde también hay zonas vedadas para las autoridades; y otra Colombia, marginada y excluida, donde sus habitantes no tienen garantizados los derechos básicos, empezando por el derecho a la vida. Es la Colombia rural, la que se fue marginando del centro, en parte por el conflicto armado y sus derivados, y en parte por un mal diseño del modelo de descentralización que arrojó al pequeño municipio, sin institucionalidad y sin recursos a la vorágine de la guerra y de las rentas ilegales, el caldo de cultivo para los grupos ilegales de todos los pelambres.

En regiones como el sur de Córdoba, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, norte del Cauca, algunos municipios de Nariño, Tumaco incluido, Buenaventura, por solo nombrar algunos, sus habitantes no conocen qué es un Estado eficaz y garante de derechos, allí la Constitución, de la cual se celebran 25 años, no parece regir, el orden social es impuesto por grupos ilegales: paramilitares reciclados, bandas de narcotraficantes, delincuencia común prestando servicios de control social, disidencias de las Farc, remanentes del ELN, EPL y otras franquicias criminales, como la del fantasmagórico “Águilas Negras”, quienes actúan con la complicidad, el apoyo, la incapacidad o el desentendimiento de las autoridades locales, y que están llevando a Colombia a una suerte de creciente feudalización: vastos territorios en manos de “pequeños señores de la guerra”, sin agenda política pero funcionales a quienes sí lo tienen, por ejemplo en los temas de restitución de tierras.

Las declaraciones del gobierno nacional y de sus voceros, muchas veces más enfocadas en desvirtuar la condición de líder social para eludir responsabilidad que para proteger, las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en varias oportunidades desacatadas y relativizadas por las propias autoridades nacionales y locales, como se pudo ver en el caso de Tierralta; las investigaciones de la Fiscalía, las medidas de protección de la Unidad de Protección, siempre insuficientes y muchas veces inoportunas o inadecuadas, no han sido suficientes para parar esta tragedia, que no solo afecta a hogares sino a comunidades enteras que pierden esos liderazgos.

La comunidad internacional no entiende qué pasa – menos el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien en busca de su reelección en la Secretaría de la OEA minimizó la gravedad del hecho para no ahuyentar el voto de Colombia-, y no parece haber una respuesta efectiva de parte del gobierno, más allá de anunciar el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección que no ha tenido impacto en impedir los homicidios que se vienen dando con macabra persistencia.

Más que una política de protección, que implique medidas para cada líder amenazado – ya el indolente ministro de Defensa dijo que eso no era posible-, se necesita una política de seguridad, de ocupación y de control militar del territorio, que era justamente lo que había que hacer luego de firmado el Acuerdo porque se sabía que la salida de las Farc de muchas regiones iba a producir esta suerte de diáspora criminal. 

Pero también es necesario identificar y capturar a los líderes de estos grupos ilegales, investigar y sancionar a las autoridades locales que participan de esto por acción u omisión; acelerar la implementación del Acuerdo de paz para generar una nueva institucionalidad y un nuevo clima social y, especialmente, presión de la sociedad civil al gobierno para que aborde el tema como prioritario y con todos los recursos disponibles. 

Pero más allá de las expresiones de dolor y de rechazo, de etiquetas en Twitter, temo que la indiferencia frente al fenómeno es el principal problema, indiferencia de la Colombia urbana hacia la Colombia rural, porque como lo señala Wiesel: “Resulta mucho más fácil apartar la mirada de las víctimas. Es mucho más fácil evitar estas abruptas interrupciones a nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestras esperanzas. A fin de cuentas, es extraño y pesado implicarse en el dolor y la desesperación de los demás”. 

No podemos más ser indiferentes, necesitamos una movilización social permanente hasta que esto pare, porque como bien nos lo recuerda de nuevo Wiesel: “la indiferencia es siempre amiga del enemigo, puesto que beneficia al agresor, nunca a su víctima, cuyo dolor se intensifica cuando la persona se siente olvidada”.

@cuervoji

 

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