Por: Andrés Hoyos

Los sabios de la tribu

La idea de que los magistrados de las altas cortes son algo así como los sabios de la tribu no sólo es peligrosa sino que en tiempos recientes escora hacia el ridículo.

Saben de lo suyo; es todo. Últimamente están perdiendo las luces.

Pocas veces me he referido al espinoso tema judicial porque no soy abogado ni entiendo de letra menuda, más allá de la cultura general que adquiere cualquier persona fogueada en el mundo. Sin embargo, como ciudadano corriente me he visto obligado a enterarme de los desaguisados de la justicia, asombrado de que varios magistrados aparezcan en la crónica roja que solía ser territorio exclusivo de los pillos que ellos tenían el deber de juzgar. Hay aquí un agravante que se olvida: los crímenes de un juez son más graves que los de una persona del común, pues el ciudadano raso no ostenta ninguna dignidad especial que le haya sido otorgada por la sociedad. De ahí que en muchos países la corrupción de un magistrado se considere una aberración equivalente a la corrupción de un ministro o de otro alto cargo del Gobierno. ¿También nos vamos a acostumbrar los colombianos a que un magistrado delinca, como antes nos acostumbramos a la barbarie de las guerrillas, de los mafiosos, de los paramilitares y del propio Estado? Ojalá que no.

El derecho y el sentido común riñen con frecuencia. Al fin y al cabo la estructura jurídica de un país es una creación tan humana como cualquier otra. No obstante, conozco pocos lugares donde el cumplimiento de las leyes se pueda torcer, demorar o descarrilar con tal eficacia como en Colombia. Cada lector escogerá un ejemplo adecuado entre centenares. Leo que, además, el entramado de la justicia quedó mal diseñado en la Constitución del 91 y algo de eso debe de haber, pero la voz del sentido común sugiere que un sistema mal diseñado operado por gente honorable puede funcionar mientras que otro perfecto al que ingresan malandros producirá resultados atroces. Mejor dicho, algo va del sacrificado Alfonso Reyes Echandía al inefable Henry Villarraga, y ese algo no tiene nada que ver con el diseño institucional.

Villarraga fue ternado por Álvaro Uribe y encarna por ello mismo un indicio más de que, así como los ocho años del gobierno pasado ofrecieron resultados claros en seguridad, fueron muy malsanos en otras materias, incluida la justicia, con la que Uribe cometió el desatino de suprimirle el ministerio. La Ley de Justicia y Paz —y el ejemplo es obvio— no cumplió con ninguno de sus dos cometidos, ni siquiera después de haber sido enderezada por la Corte Constitucional, la única que se salva, no sin rasguños (remember Alberto Rojas Ríos), de las cuatro que encabezan la justicia en Colombia. A su vez, la Corte Suprema de Justicia fue objeto de absurdas agresiones durante los ocho años del Uribato. Pero una cosa es que los de la Suprema hayan sido maltratados y otra que sean ángeles. Porque resultan muy poco angelicales las maniobras clientelistas y los carruseles de nombramientos que, de frente como Sanclemente, han tenido lugar allí, para no hablar de la intensa pulsión turística de la actual presidenta del organismo, doña Ruth Marina Díaz, tan aficionada a las papayeras.

Ahora bien, si eligen una presidenta de ese talante, ¿cómo serán quienes votan por ella? Yo no le compraría un carro usado ni a la dichosa señora ni a sus electores. Como quien dice: guácala.

 

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