Por: Elisabeth Ungar Bleier

Los sastres del Congreso

Los sastres están de moda en Colombia. No sólo los que les elaboran vestidos a reinas, actores, modelos y personajes “famosos”, que acuden a ellos para que les hagan trajes a su medida. Me refiero a un buen número de congresistas, no todos por supuesto, que promueven leyes o acuden a maniobras dilatorias para evitar que estas se aprueben, para que las decisiones adoptadas se ajusten a sus necesidades e intereses particulares y a los de sus allegados. En otras palabras, a sus medidas.

Uno de ellos es la reforma política, que de reforma le queda muy poco, y aún menos de lo que se buscaba en cumplimiento de lo establecido en el punto 2.3.4 del Acuerdo de Paz. El texto que está a consideración de la plenaria del Senado no hace ni más moderno, ni más transparente, ni más incluyente el sistema electoral y de partidos, ni fortalece las organizaciones políticas. Por ejemplo, reglamenta las coaliciones entre partidos para presentar listas conjuntas a las corporaciones públicas y habilita la figura del transfuguismo, lo que significa eliminar las sanciones que hoy contempla la ley. Esto posiblemente conducirá a una atomización de las colectividades, a que se desdibujen, y a revivir la “operación avispa”, debilitándolas aún más de lo que ya están.

El proyecto tampoco contempla cambios para mejorar la representatividad territorial de regiones que hoy no tienen presencia en el Congreso, ni muestra avances que garanticen una mayor representación política de las mujeres. Y como si esto no fuera suficiente, perpetúa la falta de independencia y autonomía del Consejo Nacional Electoral frente a los partidos, porque será el Congreso el que seguirá eligiendo a sus miembros, con el agravante de que cinco de ellos, según reza el texto, deberán pertenecer al partido de gobierno. Así, algunos aspectos positivos de la reforma, por ejemplo en materia de financiación de campañas, difícilmente van a surtir efectos.

Tal como va esta reforma, es un traje hecho a la medida de los intereses de los congresistas, a quienes parece importarles más el corto plazo, que son las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018, que un cambio de fondo en las costumbres políticas.

Otro proyecto que por poco corre la misma suerte es el que hace obligatoria la utilización de pliegos tipo para las licitaciones de contratos de obras públicas. El propósito es que haya competencia y así evitar que estos se adjudiquen a un oferente previamente acordado. A pesar de que esta práctica es una de las mayores fuentes de corrupción en el país, esta iniciativa estuvo a punto de hundirse en el Congreso debido a un intenso cabildeo por parte de unos contratistas, que de la mano de algunos legisladores no quieren perder el control sobre los procesos licitatorios en sus regiones. Sin embargo, en esta ocasión el traje no se ajustó a sus expectativas. Según se comentó en los corrillos del Congreso, esto sucedió por las oportunas intervenciones del procurador y del contralor.

*Miembro de La Paz Querida.

 

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