Los servicios de la nación

Uno de los indicadores más dicientes de cualquier país es el de la extensión de sus servicios básicos. Su cobertura y su penetración a lo largo y ancho del territorio no sólo pueden dar cuenta, hasta cierto punto, del nivel de vida y de los índices de bienestar de los ciudadanos, sino también de la idea de nación que tras su prestación subyace.

Para un país los servicios son (o deben ser) universales, son (o deben ser) gratuitos o están subsidiados, y el Estado hace su mayor esfuerzo para procurar una cobertura completa. En otro país los servicios públicos están privatizados y sólo tienen acceso a ellos quienes pagan lo que consumen, y el pago que realizan responde de manera estricta al servicio, sin sobretasas para nadie, pero sin subsidios que ayuden a la población más vulnerable.

El primer país es una nación en la que todos los ciudadanos están, de una forma u otra, hermanados por una idea trascendente que no se agota en el intercambio económico ni en la mera contigüidad vecinal. El segundo país es una gran empresa (sin importar el número de habitantes que lo pueblen), en el que gobierna y aun impera una lógica economicista en donde todas las relaciones entre las personas quedan reducidas a las dinámicas del intercambio comercial.

Quizás se trata de descripciones arquetípicas que no encuentran un correlato real en el mundo de hoy. No obstante, es cierto que estas dos visiones sí encuentran aproximaciones más o menos precisas en el mapa geopolítico. El primer modelo puede responder a países pequeños, con una idea consolidada de Nación y, por lo general, con vastos recursos económicos; piénsese, por ejemplo, en Qatar o en Noruega. Un ejemplo del segundo tipo lo encontramos en Estados Unidos.

Y todo esto viene hoy a colación porque con el cruel arribo de la pandemia a todos los países del mundo se ha visto, por parte de los gobiernos, todo tipo de respuestas que manifiestan, claro, la visión que se tiene del país, de su ciudadanía y la idea de nación que a éstas subyace.

En Colombia hubo un anuncio por parte de gobiernos locales y del gobierno central en el que informaban que se garantizaría la conexión a los servicios básicos, que se brindaría el servicio de reconexión incluso para las personas que se encontraban en mora y se dijo también que habría, para ciertos estratos socioeconómicos, una reducción en las tarifas de los servicios de luz, agua y gas. Faltó incluir el servicio de telefonía: qué más da que buena parte del sector sea privado; ese es precisamente el diálogo que hay que tener con los empresarios y el reto que la situación actual supone para todos.

Las quejas sin número por parte de los usuarios que han salido a la luz en las últimas semanas en relación con un incremento desproporcionado en las tarifas de la prestación de los servicios públicos deja ver el respeto y el cuidado de los gobiernos por sus súbditos y la idea de nación que en este caso nos hermana o, parece ser, nos divide y nos separa.

@Los_atalayas, atalaya.espectador@gmail.com