Lozada vs. Vallejo

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Por Ana Bejarano Ricaurte

“Lo de Lozada es absurdo y completamente irracional, solo pasa en Colombia. No hay un país decente donde alguien como ‘tornillo’ en vez de estar en la cárcel sea congresista”, afirmó la periodista Vanessa Vallejo sobre el senador de la FARC Carlos Antonio Lozada, en agosto de 2019, en el portal Panam Post. La nota se tituló “Los violadores que son ‘honorables’ congresistas en Colombia: Violadores y pedófilos tienen su representación en el Congreso: el partido FARC”, aunque pareciera ser una columna de opinión.

Lozada presentó una acción de tutela en contra de Vallejo, para buscar la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra. La decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá se notificó el 5 de marzo de 2020, y avizora un panorama complicado para la libertad de prensa, de expresión y para el derecho a la ciudadanía a ser informada de manera objetiva y veraz. Según la sentencia, los hechos sobre los posibles delitos sexuales en cabeza de Lozada, y la posibilidad de opinar sobre los mismos, deben plantearse y probarse en el proceso penal, no en el constitucional.

Se discute hace décadas en Colombia cuál es la mejor vía judicial para tener debates sobre libertad de expresión. Desde 2008 la FLIP y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de Los Andes plantearon la necesidad de repensar los delitos de injuria y calumnia. “Los críticos no son delincuentes”. El argumento para la despenalización de estas conductas es fuerte; la consecuencia del proceso penal —la privación de la libertad— resulta desmedida para castigar información y opiniones en el debate público.

Tras años de debate, la despenalización de la injuria y calumnia ha empezado a ocurrir de manera orgánica. Cada vez hay más procesos civiles en contra de periodistas y medios de comunicación. Esta estrategia ha probado ser peligrosa por su efectividad. El proceso civil, que tiene unos estándares probatorios más relajados que el penal y más posibilidades de medidas cautelares contra los bienes de periodistas y medios, es una fuerte amenaza contra la libertad de prensa. Cuando se persiguen opiniones o informaciones por la vía penal, las denuncias suelen descansar en la Fiscalía por años sin que nada más que una tímida conciliación ocurra. Ante los jueces civiles pasa algo diferente. El proceso avanza, se imponen medidas cautelares, la demanda se admite y sólo con eso basta para que periodista se sienta amenazado y la información se detenga. Autocensura.

En este escenario cobra relevancia la sentencia del caso Lozada vs. Vallejo. La Corte Constitucional ha dicho sistemáticamente que la tutela sí es un mecanismo adecuado para buscar la protección de la honra y el buen nombre, incluso si existe la vía penal. Cuando se presenta una tutela contra determinada publicación en un medio masivo de comunicación, también se debe y puede debatir si esa información es veraz. Para eso existe lo que los abogados llamamos la “exceptio veritatis”. “Lo que he dicho u opinado sobre usted puede afectar su buen nombre y su honra, pero tengo cómo demostrar que es verdad”. Y al probar que la información es cierta se debe proteger el derecho a la libertad de expresión. El proceso constitucional sí es adecuado para sostener este debate. La tutela es más rápida que cualquier otro mecanismo y además no es idónea para imponer sanciones económicas a periodistas o medios, sino que se concentra en qué es verdad y cómo ponderar las tensiones entre los derechos al buen nombre y a la honra y la libertad de expresión. Menos amenaza, menos autocensura, más discusión.

Preocupa el fallo del juez sexto penal del Circuito de Bogotá porque, aunque dice que no estudiará el fondo del asunto, hace precisiones sobre la opinión de la periodista Vallejo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Procedió o no la tutela? Pero inquieta aún más el precedente que sienta: “la acción interpuesta se torna improcedente, teniendo en cuenta que la acción constitucional de tutela no se encuentra instituida para los casos en los que intente dilucidar temas propios de los procesos penales”.

Si los jueces cierran las puertas de la vía constitucional para tener debates de libertad de expresión, crecerán las demandas civiles y denuncias penales contra periodistas y medios, y ya vemos las consecuencias nefastas que eso trae. Por un lado, generando más autocensura y por el otro, silenciando los debates importantes sobre la información que cabe o no en el debate público. Peor el remedio.

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