Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Lucha libre y gobierno

Quienes hayan seguido alguna vez en su vida el noble arte de la lucha libre —una puesta en escena: ¿pero cuántas cosas que valoramos con el corazón en la mano no lo son?— sabrán que está poblado por dos clases de figuras: los estilistas y los rudos. El espectáculo sobrevive gracias al delicado equilibrio ecológico entre estas dos grandes poblaciones. Los primeros exhiben su técnica y su conocimiento. Los segundos se vanaglorian de su brutalidad y su fuerza; aparte de golpear duro, hacen todo lo posible por ganarse los chiflidos del público. “Impopulares pero eficientes” —al menos en la visión que tratan de crear de sí mismos—.

Lo cual me lleva a la analogía obvia: los gobiernos están igualmente habitados por unos y por otros. Pero si crece de manera desaforada la proporción de rudos a costa de los estilistas, entonces también aquí tendremos muy buenas razones para preocuparnos. Y en este caso no solamente por la calidad del espectáculo (aunque también).

Me temo que estamos presenciando precisamente ese fenómeno. Para la muestra, dos botones. El primero es la estúpida bronca que armó el alcalde Peñalosa contra los columbarios intervenidos por la artista Beatriz González. Según Peñalosa, proteger esos columbarios era una operación de “grandes intelectuales” para dejar “a niños y jóvenes sin canchas”. Qué demagogia de cuarta. Ante todo: emprenderla contra el patrimonio cultural de una ciudad para sacar adelante una obra no es una política pública sino un acto de vandalismo. Que de hecho en términos económicos también resulta contraproducente. Tratar de aplastar a los adversarios reales o imaginados en nombre de los niños es la vileza de moda en Colombia; que sea tan común no la hace más excusable. Pero, además, ¿a cuento de qué este ruidajo? Mi intuición: Peñalosa, que está desesperado por mejorar sus registros de popularidad, cree que podrá hacerlo atacando a los “intelectuales y artistas” (un poco como ha funcionado en otras latitudes el odio contra los “globalistas”). Hace rato se deshizo de su disfraz de gerente. Ahora se presenta como un rudo puro y duro.

Algo análogo sucede —segundo botón— al director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Rodríguez, y a muchas personas que participan en el debate sobre la llamada Ley de Financiamiento. No he estudiado esa ley, por lo que tengo que abstenerme de opinar sobre ella. En cambio, he seguido con algún detalle el debate que la rodea. La retórica que sirvió para justificar el apoyo a ella y las admoniciones a la Corte Constitucional (“si la declaras inexequible las consecuencias serán aterradoras”) tiene que causar algún grado de depresión a quien crea que la sola formación académica es suficiente para mejorar los estándares de la deliberación pública. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Rodríguez sobre su opinión al respecto, dejó saber que antes de la ley habíamos crecido a un poco más del 1%, y después de la ley, a un poco más del 3%.

¿En serio? ¿Ese es el gran argumento? Cualquier estudiante de un buen curso de estadística 101 para científicos sociales —qué digo: cualquier tendero con experiencia— estaría en posición de decirle que ese salto en la tasa de crecimiento podría tener muchas causas diferentes. Y ese mismo estudiante también tendría el derecho de recordarles a él y a otros ceñudos expertos que salieron en televisión anunciando el fin del mundo si se caía la ley que todos los modelos se apoyan en supuestos debatibles. Un estilista haría pedagogía, explicando las dificultades para establecer los impactos de la decisión de la Corte, y sólo necesitaría un par de segundos para dejar caer la frase de: “Bajo ciertas condiciones y supuestos…”. Pero no se les ocurre. Pues no parece ser el tiempo de los estilistas (que durante una época llamaban “técnicos”; algunos se preciaban genuinamente de serlo).

Les dejaron todo el espectáculo a los rudos.

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2019-10-18T00:00:07-05:00

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2019-10-18T00:15:01-05:00

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