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El hecho de que el 7 de julio, hoy hace exactamente 50 años, tuviera lugar en Bogotá (Capitolio Nacional) el Primer Congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) hace que, una vez más, salga a flote el tema de la necesaria reforma rural y, por supuesto, el de las heroicas e históricas luchas de los campesinos colombianos por esa justa causa.
Los movimientos sociales surgen a veces por falta de Estado, pero, en otras ocasiones, su despegue está en una política o impulso reformista originado en el mismo Estado (Leal, 1991). Es el caso de la ANUC que nació en el marco del reformismo rural emprendido por el Gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) pero que, muy temprano, adquirió la dinámica autónoma del campesinado sintonizado con los vientos que entonces agitaban a muchas excolonias y semicolonias, a raíz de la consolidación de la revolución china (1949), liderada por Mao Tse-Tung.
La ANUC, en el primer lustro de los 70, protagonizó un proceso de movilización campesina con centenares de tomas de tierras (1250 registran algunos), de manera particular en la región Caribe. Este titánico esfuerzo, realizado en medio de profundas diferencias internas, tuvo que afrontar, primero, el freno impuesto a la reforma rural liberal por una contrarreforma conservadora, Pacto de Chicoral, Tolima (enero de 1972), en el gobierno presidido por Misael Pastrana Borrero, y, segundo, una arremetida criminal contra líderes campesinos de todos los niveles. Esta grave circunstancia llevó a crear, por sectores del propio movimiento campesino, la Organización Revolucionaria Popular ORP para intentar defenderse de la ofensiva violenta de los latifundistas y su gobierno (Moreno, 2020).
Esas luchas, muy impactantes en su momento, ¡A desalambrar¡, constituyen uno de los hitos más importantes de los movimientos sociales del ámbito rural en la historia colombiana del siglo XX. El hecho de que no hayan llegado al objetivo de imponer una efectiva y profunda reforma de la tenencia y uso de la tierra apta para la agricultura, no significa que no hayan dejado huellas importantes y producido efectos positivos. Le he oído decir, hace poco, a Alfonso Cuéllar, destacado asesor de la ANUC en esa época, que el auge campesino de los 70 “contribuyó a terminar con las formas más arcaicas o feudales de explotación de la tierra y de los campesinos, verdadera servidumbre, como eran la aparcería y el arrendamiento”.
La necesidad de una reforma rural sigue vigente en el país. Quizá no ya centrada solo en la idea de distribución de la tierra, expresada en la consigna de ¡tierra pa´l que la trabaja!, sino en el concepto de tierra-territorio para la realización de proyectos de vida colectivos de comunidades campesinas.
El maestro sociólogo Orlando Fals Borda, amplio conocedor de la problemática rural y campesina, dejó claramente establecido que un reformismo rural serio, para tener éxito, necesita cumplir con tres condiciones: 1. Apuntar a factores estructurales en materia de tenencia y uso del suelo, 2. Contar con la organización, formación, apoderamiento y movilización de los campesinos, 3. Asegurar un marco o contexto de avance político y económico democrático general.
Él mismo explicaba por qué y cómo se daban, o no se daban, tales condiciones. Particularmente interesantes los cinco principios o leyes del gatopardismo que, según él, caracterizan los reformismos, en particular los rurales, planteados por las élites colombianas: 1. La ley del paliativo o del bombero, 2. La ley del colonialismo intelectual, 3. La ley de la decantación utópica, 4. La ley del mimetismo modernista y 5. La ley del control social y económico capitalista. A través de estas prácticas las élites consiguen que parezca que todo cambia cuando en realidad todo sigue igual (Fals, Cooperación, Reformismo y Crisis, 1970).
El hecho de que Colombia continúe sin efectuar la reforma rural en profundidad explica que, de tiempo en tiempo, se produzcan inmensas olas de protesta y movilización campesina, en época reciente en unidad de resistencia y de propósitos estratégicos con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Inclusive en los problemas inveteradamente irresolutos del campo se tuvo una de las mayores motivaciones del alzamiento armado político, particularmente en el caso de las Farc-Ep, lo cual condujo a que, al momento de negociarse la paz con este movimiento insurgente, el primer asunto objeto de discusión y acuerdo fuera precisamente la reforma rural.
Hoy, decantando luchas, ideas y movimientos, se tiene como referentes complementarios del reformismo rural, desde la orilla del campesinado autónomo, el Pliego de Exigencias: Mandatos para el Buen Vivir, por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social, fruto de la movilización (2013-2014) y el Primer punto del Acuerdo Final de Paz, hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral, fruto de los diálogos de La Habana (2016).
Con estas banderas, bien logradas y válidas, seguro habrá nuevas acciones colectivas de campesinos, indígenas y afrodescendientes que, impelidos por las realidades económicas, sociales, políticas y técnicas de hoy, mantienen irrevocable la decisión de hacer la reforma, con viva memoria de las épicas luchas protagonizadas por la ANUC en la primera parte de los años 70.
Mi convicción es que sin una reforma rural que merezca ese nombre, confrontando lógicas capitalistas depredadoras, el país no despegará verdaderamente hacia más equidad, más democracia y mejor gobierno con miras a una paz total, estable y duradera. Se necesita un movimiento muy amplio y un gobierno firme, serenamente decidido a realizar la tantas veces postergada reforma rural en “un marco o contexto de avance político y económico democrático general”.
De momento está el hecho de que el gobierno Duque tiene totalmente frenado el proceso de restitución de tierras contemplado en la Ley 1448 de 2011, como una acción de reparación de víctimas, mientras, por iniciativa del Centro Democrático, cursa proyecto en el Congreso de la República que despoja a esta Ley de los dientes que le dan alguna eficacia. Busca el uribismo legalizar el despojo de los últimos 20 años (mayor información en la web de la Fundación Forjando Futuro).
No puede perderse el legado de tantos hombres y mujeres visionarios, ni el acumulado de tantas luchas, armadas unas, inermes otras, ni la experiencia de tantos amagos de reforma, ni los avances parciales logrados, ni la valentía de tantas gentes movilizadas durante décadas en tomas, mingas, marchas, cantos y llantos... Habrá reforma, el país la necesita, el potente sujeto social y político que la materialice, sin duda, está en camino.