Por: David Yanovich

Luz para Electricaribe

La Superintendencia de Servicios Públicos presentó un proyecto de ley con algunas políticas destinadas, fundamentalmente, a facilitar la entrada de uno o varios nuevos operadores del sistema eléctrico en la Costa Atlántica, para sustituir al actual Electricaribe. Casi al mismo tiempo, un usuario amenazaba con pistola a unos funcionarios de Electricaribe que trataban de reparar una conexión ilegal a la red. Y ya conocidas son las historias de gobernadores y alcaldes que no pagan la luz.

Estos eventos claramente están conectados. El menú de opciones para solucionar de una vez por todas el problema del servicio eléctrico de la Costa no es nada si los problemas estructurales de ese mercado persisten. Es imperativo bajar el nivel de pérdidas y mejorar de manera sustancial el recaudo de cartera.

El proyecto de ley contiene temas mucho más importantes que la anunciada contribución de $4 por kilovatio hora por dos años que se ha ventilado en los medios de comunicación. Este aporte, con base en los consumos eléctricos de 2018, apenas representa $120.000 millones al año, para unos requerimientos de Electricaribe de más de $200.000 millones mensuales de compras de energía y un plan de inversiones que requiere de alrededor de $750.000 millones anuales durante diez años.

De mucho mayor importancia es, por ejemplo, que el Gobierno asume el pasivo pensional actual de la empresa que vale $1,2 billones. Con ese lastre, difícil salir a buscar un nuevo inversionista para asumir la operación. Los bancos, con una cartera de $1,8 billones en Electricaribe, cada vez ven más lejanas las posibilidades de recuperar esa deuda, pues seguramente el fondeo del pasivo pensional tendrá prelación sobre el pago de las deudas financieras.

También en el proyecto de ley se incluye la autorización al Gobierno “para establecer un régimen especial en materia tarifaria” para Electricaribe o las “empresas derivadas de” Electricaribe. Esta autorización es peligrosa si se maneja mal, y más que ayudar a componer el problema puede es profundizarlo. Lo que necesita la Costa es más inversión financiada con tarifas, y no más inversión financiada con otros recursos. Si bien el mismo artículo dice que con regalías se podrán financiar inversiones de infraestructura eléctrica, es importante que la decisión sobre el “régimen especial” no termine por ser una reducción de tarifas encubierta.

Finalmente, en el proyecto de ley hay un aporte adicional al Fondo Empresarial que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos para apoyar entidades intervenidas, de las cuales de lejos la más importante es Electricaribe. Esta contribución adicional iría entre 2020 y 2026, y sería equivalente al 2 % “del valor de los gastos de funcionamiento” de las entidades contribuyentes a la Superintendencia. Es decir, todas las compañías de servicios públicos del país.

Todo lo anterior se complementa con que el proceso para un nuevo operador se está pensando estructurar a través de la creación de dos nuevas entidades, una que quedará con el mercado de Cartagena hacia el sur, y otra que quedará con el mercado de Barranquilla hacia el norte. Cada nueva empresa tendrá una participación de alrededor del 11 % del mercado de comercialización de energía en el país.

Con contribuciones, regalías y otros esfuerzos el país entero estará aportando a la solución. Esperemos que esto se refleje en mejores niveles de servicio y que finalmente el mercado en la Costa termine adoptando mejores prácticas para que el servicio sea sostenible. El problema, al final, no se arregla sacando pistolas, sino invirtiendo y pagando la cuenta de la luz.

 

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