Por: Salomón Kalmanovitz

Macroeconomía y actividad minera

Colombia transita por dos sendas peligrosas: primera, déficit fiscal considerable y deuda privada externa creciente que pueden detonar en la crisis global en ciernes y, segunda, está disipando su bonanza minera.

El Gobierno central se resignó a aumentar su déficit excusándose en la emergencia invernal y su compromiso electoral de no hacer reforma tributaria. No contaba con que el financiamiento de ese déficit podía encontrar problemas si se deterioraba el escenario global, algo que se insinuaba claramente desde hace un año, tanto en Europa como en Estados Unidos.

El Banco de la República, entretanto, aumentaba su tasa de interés para enfriar la economía, incentivando el endeudamiento externo, mucho más barato, de las grandes empresas del país. Hay pues una exposición tanto del sector público como del privado a los vientos de cola que puedan desatarse por la crisis global. En días pasados, el presidente Santos salió a solicitar acciones colectivas para superar la crisis, sin que se entienda cómo y, peor, sin comprometerse a subsanar las vulnerabilidades anotadas.

La bonanza minera la están apropiando más los inversionistas extranjeros que el Gobierno o el país. Recientemente, la Drummond vendió una quinta parte de su operación a una firma japonesa por US$2.500 millones, con lo cual más que recupera su inversión por US$2.000 millones y queda con un activo avaluado en US$10.000 millones por un recurso natural que es supuestamente de la Nación.

Nuestro régimen de regalías es el mismo de cuando los precios de las materias primas eran una cuarta parte de los que rigieron en el último año. La regalía por el carbón es de 10%, cuando en Australia se acaba de trepar al 30%. Su precio pasó de US$40 a US$160 la tonelada. La correspondiente al oro es de 4%, que pasó de US$400 la onza a US$1.900; la explotación a cielo abierto del oro es bastante destructiva del medio ambiente y consumidora de agua en enormes cantidades. La regalía de esmeraldas es de 1,5%, lo cual debe tener contento a Víctor Carranza.

Para contrarrestar la presión sobre la tasa de cambio que produce la inversión extranjera al entrar y los ingresos en divisas de la exportación (sólo reintegran lo que se gastan en capital de trabajo), el país debía ahorrar no sólo buena parte de la bonanza sino aumentar la tributación interna para al menos equilibrar sus finanzas.

El logro de ambos objetivos exige aumentar la tributación a las empresas mineras y simplificar el régimen tributario interno para taponar la evasión, que es enorme: por ejemplo, en Cartagena sólo siete personas declararon tener un patrimonio mayor de $1.000 millones, cuando los precios de la finca raíz en el centro histórico están a $12 millones el metro y a $8 millones en el norte de la ciudad. Al parecer, muchas familias pudientes tienen empresas de papel en los paraísos fiscales de Panamá e Islas Caimán, las cuales terminan siendo “dueñas” de sus inmuebles.

Para contrarrestar los efectos sobre la tasa de cambio de las bonanzas mineras, países como Chile cuentan con ahorros en un fondo soberano de US$25.000 millones y Noruega de ¡US$520.000 millones! Colombia debe al resto del mundo 52% de su PIB, el Fondo de Ahorro Petrolero está en terreno negativo, las regalías que recibimos fueron de $6,5 billones, pero el Gobierno devolvió a los mismos contribuyentes $3,5 billones. Todas terminan siendo necedades macroeconómicas.

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