Por: Óscar Alarcón

MACROLINGOTES

LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN DE LA Cámara jamás ha funcionado porque está hecha para que no funcione.

En los sistemas parlamentarios los jefes de Estado (sobre todo los reyes) son constitucionalmente irresponsables, tanto que en la Gran Bretaña existe un principio que dice: “The King cannot do wrong” (‘el Rey no puede equivocarse’). Por eso, en cualquier actividad que cumplan, además de darse vida de reyes, están exentos de responsabilidad.

En los sistemas presidenciales, como el nuestro, el principio también se aplica a pesar de que tratan de decir que no, cuando la verdad es que sí. En el Consejo de Delegatarios de 1886 hubo una larga discusión sobre ese particular cuando don Miguel Antonio Caro propuso que se estableciera la siguiente norma: “El presidente de la República no es justiciable por sus actos oficiales; son responsables los ministros”. Ello no se aceptó pero se mantuvo el mecanismo de juzgamiento por el Congreso, que existía en las anteriores constituciones, en donde la Cámara instruye, por medio de la Comisión de Acusación, y el Senado juzga, procedimiento que en nuestra vida republicana sólo ha operado tres veces.

Luego, en la práctica los presidentes son irresponsables pero más irresponsables son los congresistas al designar en esa comisión inoperante no sólo a personas que no saben cómo cumplir sus funciones sino también a aquellos que no asisten ni siquiera a una diversión libre.

Hay algo más. Cuando después del 9 de abril de 1948, las Cámaras quisieron hacerle un juicio político al presidente Mariano Ospina Pérez por los hechos sucedidos ese día, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el mandatario, ni corto ni perezoso, acudió al famoso artículo 121 de la Constitución y cerró el Congreso. Por algo ese artículo que consagraba el estado de sitio, en buena hora desaparecido, comenzaba con uno y terminaba con uno.

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