Madres en la política

En Colombia, la política es una actividad incompatible con la maternidad. Si una congresista llega a ser madre debe tomar la licencia obligatoria, dejando su cargo por cuatro meses, para ser reemplazada por su siguiente en lista (muchas veces un hombre y un contendor político), y ese reemplazo puede frenar sus proyectos, despedir a su equipo y desandar todo su trabajo. Los padres del Congreso no tienen este problema porque la licencia de paternidad es de apenas ocho días, en los que no serán reemplazados, y rara vez la hacen efectiva —porque las madres de sus hijos se hacen cargo— de todo el trabajo. Por eso, la semana pasada se discutió en el Congreso un proyecto de ley para que madres y padres congresistas puedan implementar el voto y las sesiones virtuales y continuar su actividad de forma remota. Pero esto, lastimosamente, lo que logra es implementar una doble jornada para las mujeres en el periodo de posparto, lo cual las obliga a elegir entre dedicarse por completo a esos primeros meses de la maternidad que son muy exigentes física y mentalmente y asumir la desventaja política que implica esa decisión, o forzarse a trabajar en detrimento de sus propios cuerpos y sus familias.

No es que las mujeres en el posparto no puedan hacer un trabajo asalariado, es que no deberían, porque ya están haciendo un importante trabajo doméstico, de crianza y cuidado de la vida que no las beneficia solo a ellas de forma individual, sino a toda la sociedad: ese bebé que se está cuidando es una persona con derechos y mañana será parte activa de la sociedad. Esta disyuntiva entre la maternidad y la política es injusta y también discriminatoria porque los congresistas que eligen ser padres no tienen que pagar un costo profesional por serlo. Apenas tenemos representación de un 20 % de mujeres legisladoras, lo cual ya es bastante desigual e injusto, pero no tener madres legisladoras también es un problema de representación para toda la sociedad. Y el mejor ejemplo de esto es quizás la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Los y las lectoras de esta columna saben que la senadora y yo estamos en esquinas opuestas del espectro político e ideológico, pero hasta un reloj dañado le atina a la hora correcta dos veces al día, y en el tema de las licencias de maternidad Valencia y yo estamos o, mejor dicho, estuvimos de acuerdo. Cuando Valencia tuvo a su hija en 2017, inició una campaña en el Congreso para que se acondicionara un espacio para la lactancia, y en febrero 1° de ese año dijo a El Tiempo que buscaría que la licencia de maternidad fuera flexible: “Que dos meses sean para la mamá y dos para el papá, o que parte de las 18 semanas puedan ser usadas para trabajar desde la casa o con jornadas más cortas. Incluso, quiero buscar que las empresas tengan espacios donde la mamá pueda convivir con su hijo”. En otros países, como Croacia y el Reino Unido, las licencias de maternidad son más largas y subsidiadas en un 90 % y 100 % porque se entiende que la crianza, sobre todo en esos primeros meses, es un trabajo vital que sirve a toda la nación. Sin embargo, la única forma justa e igualitaria es el modelo en que la licencia es familiar y cada familia pueda elegir cómo repartir el tiempo entre padre y madre, o entre los o las dos integrantes de las parejas del mismo sexo, dando a entender que el trabajo de la crianza de la vida es una responsabilidad ineludible y compartida por hombres y mujeres. Estas condiciones igualitarias lograrán que la maternidad no venga acompañada de un costo profesional. Pero una de las razones por las que no se hace realidad —aún— es que, para empezar, no hay suficientes madres que sean legisladoras. Y fue precisamente gracias a la maternidad que una legisladora como Valencia, integrante del partido más patriarcal de Colombia, empezó a hablar de políticas feministas.

@Catalinapordios

 

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