Magistrados: ¿y ustedes cuándo van a pedir perdón?

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La semana pasada, en inédito fallo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que en un plazo no mayor de 48 horas después de la expedición del fallo “proceda a presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública”. El ministro de Defensa, en cumplimiento del fallo de la Corte, afirmó que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley. “Esta espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”, manifestó el alto funcionario.

En reciente artículo, “Averígüelo, Vargas” (La República, 24/09/20), el analista Luis Guillermo Vélez Cabrera asevera: “El magistrado Carlos Alberto Vargas, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, uno de los más importantes y poderosos del país, era un activo empresario de la justicia: vendía sus sentencias al mejor postor. Una demanda en contra del Acueducto de Bogotá por $64.215 millones: precio 20 %; una acción en contra del Hospital Militar, $25.000 millones: precio 15 %; una demanda contra la Superintendencia de Sociedades, $30.000 millones: precio 10 %... El caso del doctor Vargas, lamentablemente, no es un hecho aislado, ni una manzana podrida. Las decisiones en los altos tribunales son colegiadas, es decir, requieren el voto de más de un magistrado y tienen revisión, en este caso, ante el Consejo de Estado. ¿Dónde están los cómplices? ¿Hay otros magistrados del tribunal involucrados? ¿Esta red de corrupción llegaba hasta el Consejo de Estado donde, sospechosamente, se confirmaban muchas de las decisiones de Vargas?… Vargas debe confesar la extensión completa de su red de apoyo, incluyendo los colegas que presumiblemente le ayudaron a montar este tinglado. Prácticamente no hay corte o tribunal que se salve de un escándalo (recientemente le ha tocado el turno a los tribunales de Meta y Norte de Santander) y, lo que es peor, no existe en este momento cuerpo disciplinario de la Rama Judicial ni de la profesión de abogado, salvo la impresentable sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.

Tampoco se puede dejar pasar de lado el llamado cartel de la toga, una organización dedicada a manejar los procesos a cambio de jugosas sumas de dinero. A esta organización pertenecían magistrados del más alto nivel como Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera —extraditado en mayo de 2018 a Estados Unidos—, el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Óscar Alarcón, el fino columnista de El Espectador, en su columna del 15 de septiembre pasado relata: “Ricaurte y Malo han sido procesados y puestos presos por sus actitudes non sanctas. Munar sigue empapelado sin que aún se le defina su situación jurídica. De ese llamado cartel de la toga también era parte el tristemente célebre Leonidas Bustos, prófugo de la justicia, quien se encuentra en Canadá en vez de estar encanado… Luego, ¿quién creó el cartel de la toga? ¿La actual Corte Suprema de mafiosos?”.

¿No va siendo hora, señores magistrados, de que ustedes en nombre de la ética, la equidad y la honradez nos pidan perdón por la enorme corruptela y desmanes que ha habido en la justicia, muy concretamente entre los magistrados?

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