Por: Salomón Kalmanovitz

Mal gobierno

Hasta no hace mucho estuvo activa una fundación llamada Buen Gobierno. La organizó Juan Manuel Santos en 1994 como centro de pensamiento que convocaría a intelectuales y técnicos.

Se buscarían soluciones a los problemas asociados con el clientelismo, la corrupción, la ausencia de reglas transparentes de gobierno, la debilidad de los partidos, la disfuncionalidad del Congreso y el narcotráfico. La orientación política fue prestada del laborismo centrista de Tony Blair y del programa de gobierno de Bill Clinton.

Su objetivo era claro: diseñar un programa de gobierno y contar con un núcleo de funcionarios bien preparados, merecedores de toda confianza, que apoyaría de manera eficiente el mandato que eventualmente conquistaría Santos en las urnas. En su paso por los ministerios de Comercio, Hacienda y Defensa, Santos fue rodeándose de una tecnocracia que lo ha acompañado en sus primeros dos años de gobierno.

La tecnocracia puede entenderse como parte fundamental de la separación de poderes que le permite al Ejecutivo tomar decisiones informadas que beneficien el interés público. Para que pueda operar medianamente, la Presidencia debe sacar de la transacción política áreas prioritarias de sus decisiones y parte del presupuesto. Los funcionarios técnicos que aparecían tanto al principio de la gestión de Santos hoy lo hacen poco y sus decisiones son de escasa importancia.

¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha permitido que el clientelismo y la corrupción sean determinantes en la aprobación de las iniciativas del Gobierno? ¿Por qué Santos se ha desviado tanto de su rumbo centrista inicial?

Lo primero que salta a la vista es que siendo de la entraña del régimen de Álvaro Uribe, a Santos le era difícil separarse de sus bases políticas, asociadas en muchas regiones al paramilitarismo y al narcotráfico. Por eso estaba dispuesto a devolverle la inmunidad al Congreso, algo que estuvo en el corazón de la Mesa de Unidad Nacional y que le permitió hasta el momento la aprobación de todas sus iniciativas. La dura crítica del expresidente a todas las medidas del Gobierno parece haber hecho mella en el rumbo que quiso darle Santos a su política internacional, a la de seguridad y aun a sus políticas económicas y de contratación de obra pública.

El pragmatismo, la política de lo posible de Santos, dio al traste con las iniciativas de buen gobierno. En la Mesa de Unidad Nacional se transó todo: las regalías, incluyendo las destinadas al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, en un reparto milimétrico a cada facción política nacional y regional; la ejecución de las obras públicas, aunque Cardona, quien fuera de la Fundación Buen Gobierno, diseñara las licitaciones; la reforma a la justicia, que incluyó dádivas a los magistrados para que no se opusieran a ésta; las leyes de reparación de víctimas, tierras y el marco para la paz que fueron pupitreadas pero quedaron sin dientes, el Congreso desbocado legislando a su favor y un largo etcétera de transacciones que nos devolvió de donde veníamos.

Haber tumbado el acto legislativo que reformaba la justicia significa que Santos no entregó a los parlamentarios lo que les había prometido. Como lo expresara el presidente del Senado, “se perdió la confianza”. Hacia delante, va a ser difícil hacer aprobar reformas fundamentales para racionalizar la economía, como la tributaria, y blindarla de los tiempos difíciles que se aproximan. 

 

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