Por: Reinaldo Spitaletta

Mancuso y el horror paramilitar

Con los avatares del folletín rosa del general Alzate, secuestrado y devuelto por las Farc, quedó relegada la noticia sobre la macro sentencia a Salvatore Mancuso y otros once paramilitares, condenados a ocho años de prisión por crímenes cometidos por los bloques Norte, Catatumbo, Córdoba y Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.

El fallo de más de dos mil páginas, es parte de los procesos de Justicia y Paz, ley establecida en los tiempos de Uribe, y que para muchos críticos significó dejar en la impunidad cientos de asesinatos y desapariciones forzadas. Como se recuerda, los principales cabecillas del paramilitarismo fueron extraditados a Estados Unidos para responder allí por delitos de narcotráfico. Los crímenes de lesa humanidad por los que debían juzgarse en Colombia, quedaron en suspenso.

El paramilitarismo, originador a su vez del fenómeno de la parapolítica, desde su aparición en los ochenta y consolidación en los noventa, ha causado miles de víctimas en el país. Sus tácticas criminales de terror, desplazamiento, desaparición y otros delitos, convirtieron a Colombia en una despensa de horrores, con símbolos macabros como la motosierra o el juego de fútbol con cabezas humanas.

El reciente fallo, promulgado el pasado 28 de noviembre, ha revivido los tiempos de masacre, las jornadas delictivas y aterradoras del ejercicio criminal de los paramilitares. Entre los hechos delincuenciales por los que se han condenado a Mancuso y sus adláteres están los de desaparecer cuerpos en hornos crematorios, violencia de género, desplazamiento, reclutamiento forzado y homicidio.

La sentencia se constituye en una suerte de memoria de la infamia. Por ejemplo, está el caso de una mujer, habitante de una vereda de Zambrano, Bolívar, acusada por los paracos de ser auxiliar de la guerrilla. Diez hombres del Bloque Norte de las Auc, la violaron, lo mismo que a sus dos hijas y al hijo menor. Trece años después, las consecuencias físicas y sicológicas siguen llenando de desamparos a las víctimas: enfermedades transmitidas sexualmente, un embarazo producto de los abusos y un estado de desasosiego mental, son algunas de las secuelas.

Los paramilitares al mando de Mancuso desaparecieron cerca de mil cuerpos. El fallo advierte que “es improbable que sean recuperados 560”, debido a que las víctimas fueron incineradas en hornos artesanales. Los paracos (que muchas veces actuaron en alianza con la fuerza pública) también enterraban en fosas comunes clandestinas a los asesinados. Esta táctica, según reveló en una audiencia el extraditado alias H.H., fue concebida más que por ellos, por los militares, porque de dejarlos en lugares visibles, daban la impresión de que las autoridades eran negligentes y permisivas.

También las víctimas eran arrojadas a ríos y arroyos, como sucedió, por ejemplo, con Reinaldo Navarro, dueño de una tienda, a quien las Auc acusaron de vender víveres a las Farc. Lo condujeron a una finca, lo torturaron con motosierra, lo asesinaron y enterraron a orillas de un riachuelo. En crímenes de género, están, entre otros, los cometidos contra la comunidad de mujeres de Piedras Pintadas, en Zapayán, Magdalena. Fueron esterilizadas por orden de alias doña Sonia, lugarteniente de alias Jorge 40, porque había que “controlar la reproducción” de una población que los paracos consideraban aliada de las Farc.

A Mancuso, la fiscalía le ha contabilizado 8.820 víctimas por delitos como desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento ilícito y violencia basada en género. En 2004, el jefe paramilitar habló en el Congreso de Colombia (junto con Ernesto Báez y Ramón Isaza), en medio de la anuencia de muchos parlamentarios que babeaban oyéndolo. Hizo una apología de las autodefensas y fue ovacionado por la mayoría, compuesta de lambones (algunos parapolíticos) y turiferarios.

Una de las víctimas de los paracos mancusianos fue un profesor de química de la Universidad de Córdoba. Era defensor de derechos humanos. Lo secuestraron, junto con su hijo de cuatro años. Al chiquillo lo dejaron vivo en un parque de Montería. A su padre, lo acribillaron de cinco tiros en la cabeza.

En el documental Impunity (Lozano y Morris, 2011), una de las imágenes finales es una dolorosa ironía: los restos de una víctima del paramilitarismo, entregados por las autoridades a sus familiares, no caben en el osario: la caja era más grande. Tal vez, la cuestionada Ley de Justicia y Paz, no alcance para cumplir con la verdad y la reparación. Cuando alias H.H. iba a hablar sobre “prohombres” colombianos que auspiciaron y fundaron el paramilitarismo, lo extraditaron. La verdad sigue oculta en osarios y otras fosas.
 

 

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